El juez Sahade suspendió las nuevas declaraciones de las víctimas
Presuntos favores sexuales a cambio de empleo

El juez Sahade suspendió las nuevas declaraciones de las víctimas

Es en la causa donde está imputado de abuso sexual coactivo el intendente de Río Grande, Gustavo Melella. El juez había dispuesto que tres de los trabajadores denunciantes volvieran a declarar. Pero ante un planteo del abogado Francisco Giménez, representante de las supuestas víctimas, Sahade decidió aplazar la medida sin fecha fija. Giménez también cuestionó que el magistrado separó la parte de la causa vinculada con irregularidades en la obra pública, con la de los presuntos abusos.
03/12/2018
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l juez de instrucción 1 de Río Grande, Raúl Sahade, suspendió las nuevas declaraciones que iban a prestar tres de las presuntas víctimas de abuso sexual coactivo en la causa judicial donde se acusa de ese delito al intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Melella.
El magistrado hizo lugar a un “recurso de reposición” presentado por el abogado que representa a los denunciantes, Francisco Giménez, quien entre otros argumentos, señaló que volver a citar a los tres trabajadores de la construcción involucrados, implicaba “revictimizarlos”, igual que sucede en las causas por delitos sexuales donde los damnificados son mujeres o menores de edad.
Mario Lovera había sido citado para el pasado jueves 29 de noviembre, Damián Rivas para el viernes 30 y Jerónimo Suasnabar para hoy.
Los tres denunciaron en agosto pasado, que Melella les pidió favores sexuales a cambio de empleo o de cobrar obra pública ya realizada, en tanto que algunos de ellos dijeron que tuvieron relaciones sexuales y otros que fueron manoseados por el funcionario.
“Mediante la reiteración de declaraciones y permanente exposición se está revictimizando a los querellantes en la presente causa, de un modo contrario a lo que disponen las normas de aplicación, especialmente para casos como el que se investiga”, afirmó Giménez en la presentación que motivó el aplazo de los testimonios.
El abogado explicó que su planteo no busca “coartar el derecho de la defensa del imputado de controlar las declaraciones de los testigos”, ya que el defensor del intendente, Francisco Ibarra, pidió los nuevos testimonios porque no estuvo presente cuando declararon por primera vez.
Según Giménez, “el derecho del imputado a interrogar a los testigos, tendrá su oportunidad en el debate” (se refiere a un eventual juicio oral y público) y agregó que “cuando todavía no se han producido otras pruebas, ni siquiera ha sido dispuesto el llamado a prestar declaración indagatoria al imputado, el control sobre el testimonio, sus eventuales contradicciones con otras pruebas, o su confrontación con las constancias de la causa deviene, cuanto mínimo, prematuro”.
Sin embargo, el letrado insistió en que el problema principal era una posible “revictimización”, y observó que desde que los trabajadores se animaron a denunciar los hechos que se investigan, “han debido concurrir a dar cuentas al Tribunal con mayor asiduidad que el imputado”.
“En definitiva, el Tribunal debe buscar un equilibrio, entre el derecho del imputado, y los que se esgrimen respecto de las víctimas”, razonó Giménez.

Causas separadas y emisario en la nebulosa

El abogado también reveló otra serie de presuntas irregularidades que según su criterio se están produciendo en torno a este proceso judicial.
Por ejemplo, confirmó que el juez Sahade resolvió separar la parte de la causa relacionada con supuestos desmanejos en la obra pública del municipio, con los presuntos abusos sexuales, algo que según su criterio no se debería haber hecho por la relación que existe entre unos y otros hechos.
Giménez dijo a EDFM que ya apeló la decisión del magistrado en ese sentido, e inscribió la medida dentro de otra “serie de errores u omisiones” que viene protagonizando el titular del Juzgado.
Entre ellos, se preguntó por qué no secuestró el teléfono celular del intendente Melella (cuando sí lo hizo con los de las víctimas y con el de dos testigos) y por qué no ordenó pericias psicológicas sobre las víctimas y el imputado que permitieran reunir indicios sobre sus comportamientos.
“Tampoco mandó a allanar el departamento de calle Anadón 701 y el despacho oficial del intendente para obtener planos y fotos de los lugares donde según las víctimas ocurrieron los hechos”, cuestionó el abogado.
En esa línea, dio a conocer que el juez “volvió a negarse” a citar para prestar declaración a Fabián Daldi, el ex contratado del Concejo Deliberante que según los denunciantes fue enviado como un emisario del intendente para ofrecerles dinero a cambio de que no realizaran las denuncias, poco antes de que el caso se hiciera público.
“El juez sostiene que no puede citar como testigo a alguien que en el futuro puede ser imputado de un delito relacionado con el caso. A ello yo contesto que entonces le corra traslado a la Fiscalía para que evalúe si corresponde una imputación formal contra Daldi, pero Sahade no hace ni una cosa ni la otra”, detalló el letrado.
"Cuando hago la denuncia, pongo el teléfono a disposición, llevo todas las facturas que tengo, ahí me empezó a ofrecer plata, trabajo, de todo. Primero me ofrecía 6 millones de pesos, después 7. No tengo por qué agarrar una oferta de plata ni de trabajo. Yo creo en la Justicia y espero que se encargue de hacer su trabajo", declaró el denunciante Rivas a Infobae, sobre el rol que habría desempeñado Daldi en el caso.

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