l juez Civil y Comercial 1 de Ushuaia, Alejandro Fernández, resolvió el conflicto de competencias que se había generado en torno a la acción judicial promovida por tres asociaciones ambientalistas en relación con la construcción del “Corredor del Beagle”, al delegar una parte de la demanda en el Superior Tribunal de Justicia y mantener bajo su órbita el aspecto vinculado a la preservación de yacimientos arqueológicos.
De este modo, el juez zanjó la controversia generada a partir de que un dictamen del fiscal Nicolás Arias opinó que todo el expediente debía ser resuelto en el ámbito contencioso administrativo, es decir, ante el máximo tribunal de la provincia.
Al quedarse con una parte de la acción de protección de intereses difusos promovida por las asociaciones Mane´kenk, Profesionales del Turismo de Tierra del Fuego y Bahía Encerrada (ABE), Fernández activó el mecanismo de adhesión a la demanda que prevén las leyes vigentes.
Así, los habitantes y organizaciones sociales de Tierra del Fuego contarán con un plazo de diez días para adherir formalmente a la causa judicial, luego de que un resumen del caso sea difundido durante cinco días por los medios de comunicación.
“El juez ordenará publicar en diarios locales un edicto con un extracto de la causa y la posibilidad de la adhesión. Serán cinco días de publicación y a partir del sexto habrá diez días para que la gente o las organizaciones puedan sumarse”, explicó ayer el abogado Rodrigo Guidi, representante de las entidades ambientalistas, en diálogo con Radio Nacional.
Sobre la división del expediente, Guidi detalló que “los planteos relacionados con el trámite de la licitación pública de la obra fueron considerados una cuestión administrativa y remitidos por competencia al Superior Tribunal de Justicia, mientras que todo lo relacionado con la protección de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos continuará bajo su órbita”, señaló.
La ruta costera, ruta 30 o “Corredor del Bleagle” es un camino de 132 kilómetros de extensión que tiene previsto conectar Ushuaia con la zona oeste de la isla a través de la costa del Canal Beagle.
El trayecto planificado en tres etapas y ya adjudicado a la empresa Luis Felipe Gancedo por un valor de $1700 millones, prevé unir, en el primer tramo, a la capital fueguina con Almanza, situado a unos 35 kilómetros al oeste frente a la localidad chilena de Puerto Williams.
El gobierno provincial pretende ampliar con ello la oferta turística de la zona y desarrollar un polo de emprendimientos productivos vinculados a la pesca, la explotación turbera y la producción de alimentos.
Sin embargo, entre otros aspectos, los ambientalistas cuestionan que la traza de la ruta pasará por sitios arqueológicos todavía inexplorados, donde se presume que existen restos de la actividad desarrollada por los Yámanas, primitivos habitantes de la isla.
“Lo que pedimos es que antes de empezar los trabajos se realicen excavaciones a gran escala y se establezcan los verdaderos lugares donde puede haber yacimientos”, fundamentó Guidi.
Por su parte, desde el gobierno fueguino responden que habrá un “protocolo exhaustivo” en los casos de aparición de yacimientos, que “garantizará su resguardo”, pero se niegan a demorar el comienzo de la ruta durante los dos años que demandarían las actividades propuestas por los ambientalistas.
Según Guidi, la modalidad elegida por el gobierno resulta “antieconómica” porque “cada vez que se encuentren con un yacimiento tendrá que parar todo y analizarlo”.
“Ni siquiera se sabe el trazado definitivo de la ruta. Hay un recorrido hecho a mano sobre Google Maps. Lo lógico sería hacer primero todo el estudio de yacimientos y después comenzar como corresponde”, evaluó el letrado.
La audiencia pública
El abogado de las organizaciones demandantes anticipó ayer que el juez Fernández resolverá “seguramente esta semana” la medida cautelar solicitada dentro del expediente y que incluye la suspensión de la audiencia pública convocada por el Gobierno para el próximo martes 11, con el objetivo de analizar el estudio de impacto ambiental de la obra.
“La audiencia pública es para analizar un estudio de impacto ambiental presentado por la empresa contratista. Resulta que desde que ese estudio fue puesto a disposición de la ciudadanía, fue siendo modificado por una serie de observaciones realizadas por áreas técnicas del propio gobierno”, explicó Guidi en declaraciones a Radio Nacional.
Según el abogado, los participantes de la audiencia pública llegarán a esa instancia “sin haber tenido acceso a la documentación definitiva, pese a que el gobierno argumenta que las observaciones se van subiendo progresivamente a Internet”.
“Esta situación impide una participación efectiva de la ciudadanía. Hemos tenido información retaceada y con incongruencias. Es un estudio para analizar 130 kilómetros de ruta donde hay bosque, ríos, turba y yacimientos arqueológicos, hecho en un mes. Se hizo en un escritorio y sin caminar la zona”, cuestionó Guidi.
Por su parte, fuentes gubernamentales replicaron que el planteo de los ambientalistas es “erróneo” porque “el estudio de impacto es uno solo y no cambió. Lo que hizo el gobierno fue comenzar a evaluarlo requiriendo la opinión de áreas técnicas”.
“El gobierno recibe el estudio de la contratista y lo comienza a examinar de diferentes modos. Una forma es la audiencia pública. Luego, con todos los aportes, se resolverá su desaprobación o su aprobación total o parcial. Así funciona el mecanismo”, agregaron los voceros consultados por EDFM.
