l juez Civil y Comercial 1 de Ushuaia, Alejandro Fernández, rechazó las dos medidas cautelares presentadas por tres asociaciones ambientalistas en el contexto de la acción de defensa de intereses difusos promovida por la construcción del llamado “Corredor del Beagle”.
La decisión judicial, fechada el viernes, será notificada formalmente hoy a cada una de las partes, y fue anticipada a EDFM por una fuente oficial vinculada al caso.
Una de las medidas cautelares requería la suspensión de la audiencia pública convocada para mañana (a las 11 en el Polivalente de Arte) por el gobierno provincial, con el objeto de discutir el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa contratista de la obra.
El pronunciamiento de Fernández garantiza que ese acto se llevará a cabo tal como está programado, con los inscriptos aceptados por los organizadores y la modalidad que fijan las normas reglamentarias para este tipo de casos.
Por otra parte, las asociaciones demandantes pedían la suspensión preventiva del inicio de la obra, ya sea en lo referente a los trabajos propiamente dichos, como al movimiento de maquinarias y otro tipo de logística vinculada al proyecto de apertura del camino.
En ese caso, si bien faltan conocerse los fundamentos de la medida judicial, es posible que las asociaciones tengan la opción de recurrir el fallo ante la Cámara de Apelaciones, porque la obra todavía no comenzó ni comenzará en los próximos días, hasta tanto se concluyan distintos trámites administrativos, entre ellos, la aprobación del estudio de impacto ambiental y las observaciones que puedan surgir por parte de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático a cargo de Mauro Pérez Toscani.
Un dato curioso del trámite judicial es que el rechazo de las cautelares pudo haber sido una de las últimas resoluciones de Fernández en su cargo, ya que hoy jura como integrante de la nueva Sala Civil de la Cámara de Apelaciones.
Por otro lado, si los ambientalistas recurren el fallo del juez de primera instancia, el expediente podría terminar en el mismo organismo que el magistrado pasará a integrar, aunque en tal caso debería excusarse de intervenir de nuevo en las actuaciones.
Adhesión ciudadana
La demanda por protección de intereses difusos fue presentada por las asociaciones Mane´kenk, Profesionales del Turismo de Tierra del Fuego y Bahía Encerrada (ABE).
El juez resolvió, primero una cuestión de competencias, al dividir la demanda en dos partes: los planteos vinculados al trámite de la licitación pública de la obra fueron delegados en el Superior Tribunal de Justicia, y bajo su órbita permaneció la demanda puramente ambiental, en especial ligada a la protección del patrimonio arquitectónico y cultural.
A propósito de ello, Fernández abrió el proceso de participación ciudadana que establecen las normas, y ordenó la publicación de un edicto con un extracto de la causa por cinco días, y la apertura de un plazo de diez días posteriores para que organizaciones y ciudadanos comunes que lo deseen puedan adherir a la demanda.
La ruta costera, ruta 30 o “Corredor del Bleagle” es un camino de 132 kilómetros de extensión que tiene previsto conectar Ushuaia con la zona oeste de la isla a través de la costa del Canal Beagle.
El trayecto planificado en tres etapas ya adjudicado a la empresa Luis Felipe Gancedo por un valor de $1700 millones, prevé unir, en el primer tramo, a la capital fueguina con Almanza, situado a unos 35 kilómetros al oeste frente a la localidad chilena de Puerto Williams.
El gobierno provincial pretende ampliar con ello la oferta turística de la zona y desarrollar un polo de emprendimientos productivos vinculados a la pesca, la explotación turbera y la producción de alimentos.
Sin embargo, entre otros aspectos, los ambientalistas cuestionan que la traza de la ruta pasará por sitios arqueológicos todavía inexplorados, donde se presume que existen restos de la actividad desarrollada por los Yámanas, primitivos habitantes de la isla.
