l Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego declaró la inconstitucionalidad de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande en 2016, que obligaba a las concesionarias de autos a exhibir los precios de los vehículos “a valor isla” y a “valor continente” para evitar “prácticas comerciales abusivas”, confirmaron ayer fuentes judiciales.
La iniciativa impulsada por el concejal radical Paulino Rossi se basaba en la sospecha de que pese a la vigencia en la provincia de un régimen de promoción económica y fiscal, por el que no se tributan impuestos nacionales como el IVA, los vehículos nuevos son vendidos al “precio del norte”, como se denomina al valor de los automotores en el resto de las provincias a partir de Santa Cruz.
Sin embargo, la ordenanza 3575 fue cuestionada legalmente por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y por las concesionarias “Automotores Tierra del Fuego Sociedad Anónima Comercial, RuedaMotor S.A., Luciano Preto y Cia. S.C.C., Polo Sur S.A., Expo Auto S.A., Bridge S.R.L., Comercial del Sur S.R.L. y Bridge Exclusivos S.A”.
Ante ello, la Justicia fueguina resolvió el pasado 14 de febrero, a través de un fallo que trascendió en la víspera, “hacer lugar a la demanda” y declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza, al entender que excede el marco de las facultades municipales.
Según Rossi, la sentencia del Superior Tribunal era “previsible”, y “nos sigue dejando tranquilos, porque se trataba de una herramienta para acceder a la verdad”, señaló el edil en declaraciones a FM Del Pueblo.
"Mensualmente hacemos un informe donde decimos quién cobra lo que corresponde y quién le está robando al riograndense, quedándose con parte de lo que le corresponde por el descuento de los impuestos, y el análisis lo hacemos marca por marca", afirmó el concejal.
El funcionario adelantó que mantendrá reuniones con legisladores provinciales para intentar que una medida similar sea aplicada desde el ámbito provincial.
"Hay concesionarios que se abusan, que cobran más de lo que corresponde y es una vergüenza que eso pase en Tierra del Fuego”, insistió Rossi.
La ordenanza ahora tildada de ser contraria a la constitución, obligaba a “exhibir de forma visible el valor de venta al público final al contado, y los precios sugeridos por el fabricante o el importador general en las ciudades de Río Gallegos o Buenos Aires por la misma oferta”.
La medida disponía que "el falseamiento de la información o el incumplimiento de lo normado será penado con una multa equivalente a 500 unidades fiscales”, duplicándose ante cada incumplimiento y pudiendo llegar a la clausura del comercio.
