l Consejo de la Magistratura de la provincia resolvió ayer solicitar al Superior Tribunal de Justicia que postergue la jura del fiscal de Río Grande Pablo Candela como juez del nuevo Juzgado de Instrucción Nº 3 de esa ciudad, mientras se sustancia una investigación por presunto mal desempeño del funcionario judicial surgida de una denuncia formulada por los abogados de Buenos Aires Ramiro Rúa y José Luis Ghioldi.
Rúa y Gholdi solicitaron la realización de un jury de enjuiciamiento a Candela y al juez de instrucción Raúl Sahade, a partir de su intervención en la causa penal donde se investiga al intendente de Río Grande, Gustavo Melella, por presunto abuso sexual.
El presidente del Consejo de la Magistratura y juez del Superior Tribunal, Gonzalo Sagastume, informó ayer durante la sesión del organismo, que se encuentra en trámite de confección el informe previo sobre el desenvolvimiento de ambos magistrados, fijado por el artículo 10 de la ley de jury.
Ante ello, el consejero y legislador Pablo Blanco propuso que se postergue la jura de Candela, quien el año pasado fue elegido juez de instrucción, hasta tanto “se expida el Consejo” sobre la denuncia, lo que fue aceptado por el resto de los integrantes del cuerpo.
Los letrados de Buenos Aires acusaron a Candela porque “sin haber acudido a las medidas que imponen los protocolos para estas actuaciones, ni merituar la situación social de las víctimas o el grado de vulnerabilidad”, solicitó la desestimación de las dos primeras denuncias contra Melella, impulsadas por los trabajadores de la construcción Alfredo Suasnabar y Damián Rivas.
“Concretamente, el fiscal Candela reduce toda la angustiosa situación de vulnerabilidad social a una cuestión patrimonial. Y, desde esa perspectiva, el “móvil”, no lo tiene el victimario, sino las víctimas, que –en su interpretación-, en un clima de libertad, deciden cambiar trabajo por dignidad”, afirman los denunciantes sobre el dictamen de Candela en el expediente.
Incluso mencionan que la causa estuvo casi un mes sin requerimiento fiscal, cuando el plazo procesal es de 24 horas, y “tenemos la íntima convicción de que, en definitiva, han influido para que ello suceda, más los medios que el código de procedimiento, pues solo después del escándalo se cumplimentó el deber”, indicaron en relación a que finalmente otro fiscal, Guillermo Quadrini, impulsó la investigación cuando el caso ya había sido difundido en los medios.
Respecto del juez Sahade, la denuncia hace hincapié en que una de las pruebas “fundamentales” como lo audios que comprometerían al intendente, “todavía no fue incorporada a la causa”.
No solo eso, sino que “las principales pruebas de la causa: pericias a las víctimas, asistencia legal, sicológica y social, protección de los testigos, incorporación y peritación de los celulares, auditorias sobre las obras y contrataciones que se sabe no se auditaron ni pasaron por el Tribunal de Cuentas, historia clínica del imputado a fin de verificar si tiene HIV, que condenaría a las víctimas a una muerte lenta, pero casi segura, con lo que ello significa y agregaría un delito más que sería el de lesiones gravísimas, permanecen ajenas a la causa”, enumera la presentación.
Además, cuestiona que Sahade solo contestó con la formula burocrática “téngase por presente” cuando la parte querellante solicitó medidas de prueba como citar a un supuesto emisario de Melella que les habría ofrecido dinero a las víctimas a cambio de que no declararan.
El Consejo de la Magistratura también desestimó ayer la denuncia formulada por el ciudadano Abel Alfredo Sesma contra el juez de Familia y Minoridad de Ushuaia Alejandro Ferretto, y postergó para la próxima sesión el tratamiento de la denuncia formulada por la empresa “Lenga Patagonia S.A” contra la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano.
Además, el organismo prestó acuerdo a la designación de Graciela Sandra Aguilar en el cargo de secretaria del Ministerio Público de la Defensa del Distrito Judicial Sur.
Entre otros temas, también se tomó conocimiento de la renuncia de Marcelo Magnano como secretario del cuerpo, luego de que asumiera como juez del Juzgado Laboral 2 de Ushuaia.
