Un ex combatiente le envió una carta al juez Calvete y le pidió “justicia después de 37 años”
Causa por presuntas torturas a soldados durante la guerra

Un ex combatiente le envió una carta al juez Calvete y le pidió “justicia después de 37 años”

Se trata de Silvio Eduardo Katz, uno de los veteranos de la guerra de Malvinas que denuncia haber sufrido torturas por parte de oficiales y suboficiales durante el conflicto bélico de 1982. Le escribió al juez Federico Calvete, que subroga el juzgado federal de Río Grande donde se tramita la investigación. Y en un emotivo relato le expresó que aguarda las indagatorias de los ex militares imputados.
24/04/2019
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n ex combatiente de la guerra de Malvinas que denuncia haber sido torturado por oficiales durante el desarrollo del conflicto bélico, le envió una carta al juez federal de Tierra del Fuego que investiga esos apremios, y le pidió “justicia después de 37 años”.
Silvio Eduardo Katz asegura que el ex subteniente del Ejército Eduardo Flores Ardoino lo “estaqueó en el agua helada” y le “hizo comer excrementos”, mientras lo insultaba por su “condición de judío”, entre otros maltratos físicos y psicológicos.
Katz es querellante en la causa 1777/07 impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (CECIM) donde se investigan desde 2007 decenas de torturas a soldados durante la guerra.
El juez subrogante del Juzgado Federal de Río Grande, Federico Calvete, citó a indagatoria -en diciembre del año pasado- a 18 oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas involucrados, pero esa medida todavía no se lleva a cabo.
“Te escribo de ciudadano a ciudadano. Mi intención es contarte que hace 37 años busco justicia, y no se lo digo al juez federal (que bastante se ocupa desde su cargo) sino al Federico ser humano”, comienza la carta firmada por Katz.
El ex combatiente describe luego el “dolor en el alma” que siente al tener que explicarles a sus dos hijos de 14 y 17 años que “la persona que lo torturó sigue sin dar la cara”, mientras él todavía “sufre en el corazón las terribles humillaciones propinadas en 1982”.
“También tengo que explicarles que teniendo una medalla del Congreso Nacional, no la uso, esperando que se la quiten al que en realidad, y mediante delitos de lesa humanidad, traicionó a su Nación torturando a compatriotas que "solo" íbamos a entregar la vida por nuestra patria”, prosigue el escrito dirigido al juez Calvete.
Katz concluye la misiva señalando que “junto a otros tantos ex combatientes de Malvinas” espera el día en que se produzcan finalmente las primeras indagatorias.
“Sabrás comprender qué difícil es el día a día en una vida plagada de preguntas sin respuestas, y de ver compañeros morir a diario sin justicia, lo que ahonda mi dolor y mi desesperado pedido de ayuda”, sostiene el ex soldado en la parte final de la carta a la que accedió EDFM.

Más de 100 hechos

La causa caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el CECIM, que reveló 105 hechos de torturas y 95 militares involucrados.
El caso todavía tiene pendiente una discusión judicial paralela, acerca de si se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no sujetos a prescripción.
El juzgado de primera instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que son crímenes de lesa humanidad, pero aún resta por resolver un recurso de queja presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Según la acusación del fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, solo en la Isla Gran Malvina se produjeron 22 vejámenes contra soldados, “específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares”.
De acuerdo a la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos `estaqueamientos´ y `enterramientos´- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida”.

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