n los que va del año ya se presentaron ante la Legislatura más de decena de proyectos de particulares que solicitan la modificación del artículo 6 de la ley de jubilaciones, para que quede sin efecto la actualización semestral de los haberes pasividad y se restablezca el de movilidad automática.
La mayoría de estas iniciativas, ingresadas entre mayo y julio, adhieren a la propuesta presentada por la representante de los pasivos en el Directorio de la Caja de Jubilaciones, Elisa Dietrich.
En su escrito, Dietrich señala, entre otros argumentos jurídicos, que la aplicación del régimen de actualización semestral vigente desde enero del 2018 vulnera “derechos y garantías contenidos” en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, a la vez que afecta “la garantía de progresividad de los derechos sociales Contenidos en pactos internacionales”, y alerta que tal situación “habilita a la masa de los afiliados tanto del sector activo como pasivo” de la Caja de Jubilaciones “ a demandar patrimonialmente a los agentes gubernamentales responsables” de esos incumplimientos.
En tanto, los proyectos de adhesión a la iniciativa Dietrich agregan otro argumento menos técnico pero no por ello menos fundado. Se señala que producto del “agudo proceso inflacionario que sufre el país” se ha generado “el deterioro sistemático del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones del Sistema Previsional Provincial”.
Se indica que “como resulta de su conocimiento, la política salarial del Sector Público en Tierra del Fuego dista mucho de haber acompañado el proceso inflacionario nacional, por lo que los trabajadores en actividad ven mermar mes a mes el poder adquisitivo de sus salarios. Pero jubilados y pensionados nos vemos aún más afectados a partir de la sanción de la Ley 1210, que en su artículo 62, establece la actualización "semestral" de las jubilaciones y pensiones (y sin derecho al cobro de
retroactivos), por lo cual estas se atrasan mucho más que los salarios del personal en actividad, alejándose cada vez más del objetivo de representar el 82% de la remuneración del activo”. También se refiere que “por deficiencias administrativas, los organismos no remiten la información necesaria en tiempo y forma y no se confeccionan adecuadamente los coeficientes para proceder a la actualización de las jubilaciones y pensiones” por lo que “en ocasiones se tarda mucho más que seis meses en percibir los incrementos jubilatorios, si los hubiera, con la consiguiente pérdida que ello implica frente a la inflación transcurrida en ese lapso”.
Es de tener en cuenta que a la decena de proyectos impulsados por jubilados, se suman dos presentados por bloques legislativos de oposición. El de la bancada UCR-Cambiemos propone aplicar la movilidad en períodos trimestrales, en tanto que el del MPF propone, al igual que el proyecto Dietrich, volver a la movilidad automática.
Teniendo en cuenta que el MPF, a través de la actual legisladora Mónica Urquiza integra como Vicegobernadora el Gobierno que asumirá el próximo 17 de diciembre, todo indicaría que el proyecto de esa bancada sería el que contaría con más posibilidades de ser aprobado. De esa manera, el Gobierno electo cumpliría con una de sus promesas de campaña.
Para saber con un poso más de certeza que tratamiento dará el Parlamento a esta cuestión, resta aguardar al próximo martes 30, ya que para esa fecha está convocada la comisión de Economía para abordar, entre otros temas, el de la movilidad jubilatoria.
