as defensas de los cuatro acusados de participar de una organización dedicada a la trata de personas en la ciudad de Río Grande, a través del prostíbulo “Aquelarre”, solicitaron ayer la absolución de sus asistidos, a la vez que plantearon una serie de nulidades procesales.
Los pedidos del defensor público Adolfo Muschietti, y del abogado Maximiliano Palladino, tuvieron lugar durante la etapa de alegatos del juicio que se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Tierra del Fuego.
Los jueces resolvieron luego pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 19 a las 15, en que se escucharán las últimas palabras de los imputados, antes de que el tribunal pase a deliberar para llegar a un veredicto, informaron fuentes judiciales.
El caso investiga las actividades desarrolladas en el local nocturno “Aquelarre”, allanado y clausurado en 2014 luego de un operativo en el que fueron rescatadas 14 mujeres.
En su propio alegato, la fiscal Federal María Hermida había requerido el viernes penas de 10 años de prisión para la encargada del local, Elvira Centurión, su hijo Diego Escalante y Jorge Scienza, a los que consideró parte de una organización y los encontró “coautores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual”, agravado por la pluralidad de personas intervinientes y la cantidad de víctimas, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres y por haberse consumado la explotación sexual.
A su vez, había solicitado 4 años de prisión para otra persona señalada como presunto partícipe secundario del mismo ilícito.
Por su parte, un quinto acusado, Carlos Longiarú, propietario del inmueble y acusado de ser partícipe de la maniobra delictiva, fue declarado en rebeldía al no presentarse a las audiencias y se dictó su orden de captura, indicaron las fuentes.
Tanto Muschietti, defensor de Centurión y del presunto partícipe secundario, como Palladino (abogado de Scienza y Escalante) consideraron que no hay elementos para arribar a una condena, aunque también puntualizaron una serie de supuestas irregularidades procesales cometidas en la etapa de instrucción de la causa.
Los alegatos defensores habían comenzado el martes, pero debieron interrumpirse cuando Muschietti todavía realizaba la primera exposición, al cortarse la videoconferencia por la que participa del juicio de uno de los jueces subrogantes del tribunal.
En la víspera, el acto procesal pudo llevarse a cabo sin inconvenientes.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado en su momentos por el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport, las víctimas habrían sido engañadas con falsas ofertas laborales y luego trasladadas en avión hasta la ciudad fueguina, con pasajes pagados por los tratantes, lo que se transformaba en la deuda inicial de las mujeres, quienes una vez sometidas, eran controladas mediante un sistema de pulseras para contabilizar los denominados “pases” (o relaciones sexuales con los clientes que acudían al prostíbulo).
La investigación se inició en 2013, a raíz de un correo electrónico recibido en la Fundación María de los Ángeles que luego fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. En la comunicación, se mencionaba la existencia de una página web que promocionaba servicios sexuales y la existencia de varios locales, entre ellos uno denominado “Aquelarre”.
