a jueza Federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, indagará por videoconferencia a los primeros cuatro ex militares acusados de haber cometido actos de torturas hacia soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982, confirmaron fuentes judiciales.
Se trata de Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Affranchino Rumi, quienes prestarán declaración el próximo 5 de diciembre, y de Eduardo Luis Gassino y de Gustavo Adolfo Calderini, quienes lo harán al día siguiente, indicaron las fuentes.
La modalidad adoptada por Borruto busca evitar tanto el dispendio de recursos que implicaría el traslado de los imputados hasta Tierra del Fuego (donde ninguno de ellos reside) como la posibilidad de que se produzcan postergaciones debido a que algunos de los citados argumente que no puede viajar por múltiples motivos.
De esta forma, los ex militares solo deberán acercarse al juzgado federal más cercano a su lugar de residencia, y desde allí se realizará el enlace con Río Grande, indicaron las fuentes.
La magistrada había suspendido las indagatorias a 18 ex miembros de las Fuerzas Armadas, inicialmente previstas para llevarse a cabo entre el 27 de junio y el 3 de julio de este año, con el fundamento de que no contaba, ni con el “personal suficiente”, ni con el “espacio” necesario en su juzgado.
En una nueva resolución sobre el caso, la jueza sostuvo meses atrás que a pesar de que “persisten las limitaciones materiales”, correspondía “comenzar a reprogramar las audiencias acorde con los recursos que posee el tribunal”, puede leerse en la medida judicial a la que accedió este medio.
El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante legal del Centro de Ex combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) -que actúa como parte querellante en la causa- explicó entonces que “en líneas generales la decisión de la jueza nos genera mucha expectativa”.
“Es un paso importante que a 37 años de la guerra, por primera vez los militares acusados de haber cometido torturas van a tener que dar explicaciones ante la justicia”, destacó el letrado.
No obstante, Guerrero Iraola precisó que “de los 95 militares denunciados, solo 18 habían sido llamados a indagatoria y hasta el momento solo tenemos certeza de que solo cuatro tienen fecha de presentación”.
En ese sentido, dijo que “nos preocupan no solo las dilaciones, sino el hecho de que muchos de los imputados han realizado pedidos para salir del país, y esto puede derivar en la posibilidad de fugas y en el entorpecimiento de la investigación”, afirmó el abogado.
Según el representante del Cecim, la jueza Borruto debería “restringir” los permisos de salida de los acusados y “extremar” las medidas para evitar que se eluda el accionar judicial.
“En definitiva, continuamos reclamando verdad y justicia”, insistió el abogado de la organización de veteranos de guerra.
Guerrero Iraola dijo que pese a la modalidad de las indagatorias, viajarán de todos modos a Río Grande el 5 y 6 de diciembre para “tener una presencia simbólica y política desde el organismo”.
“Si bien nosotros no podríamos estar (durante el acto) aunque fueran presenciales, nos interesa como querellantes participar de todo el proceso y velar porque se haga justicia”, aseveró el abogado.
La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra con Gran Bretaña.
Los denunciantes revelaron haber sido víctimas de “estaqueamientos” y “enterramientos”, entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa, durante el desarrollo del conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas.
Según la acusación del fiscal Federal de Río Grande Marcelo Rapoport, existen evidencias de al menos 22 hechos de vejámenes ocurridos en la isla Gran Malvina, “específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares”.
De acuerdo a la postura fiscal, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida”.
La Fiscalía considera que se trata de crímenes contra la humanidad, y que, por esa razón, son “imprescriptibles”, aunque ello todavía es materia de discusión en el expediente.
