os dos primeros ex militares argentinos acusados de haber cometido actos de torturas hacia soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982, prestaron ayer declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego donde se tramita la causa y negaron los cargos, confirmaron a EDFM fuentes judiciales.
Eduardo Luis Gassino y Miguel Ángel Garde declararon por videoconferencia desde Buenos Aires, ante la jueza Federal de la ciudad de Río Grande Mariel Borruto.
Los ex miembros de las Fuerzas Armadas negaron haber formado parte de los supuestos “estaqueamientos” y “enterreamientos” de soldados que, entre otros vejámenes y maltratos, forman parte de la acusación fiscal, y dieron su versión de los hechos al tribunal, aunque no aceptaron contestar preguntas, indicaron las fuentes.
Además, los ex militares presentaron descargos ampliatorios por escrito en los que solicitaron medidas de prueba que ahora serán evaluadas por la magistrada interviniente.
Tanto Gassino como Garde fueron asistidos por el defensor oficial federal Guillermo Garone, y antes de comenzar a declarar dijeron comprender las imputaciones formuladas por el fiscal del distrito Marcelo Rapoport, a quien asistió la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) María Ángeles Ramos.
“Es una causa más que trascendente porque forma parte de un pasado histórico, triste y duro que no debemos ocultar. Como sociedad tenemos que hablar de lo que les pasó a varios de los soldados que estaban en situación de combate. No se puede desconocer lo que vivieron ni desmerecerlo”, señaló Ramos en dialogo con este medio.
Para la titular de la PCCH, las víctimas de estos hechos “sufrieron agresiones contra la integridad física y psíquica”, que constituyen “verdaderos crímenes”, y que por el contexto en que se produjeron “deben ser catalogados como de lesa humanidad”, sostuvo.
Según Ramos, en el expediente que se tramita desde 2007 existen desde testimonios hasta documentos que “complementan el cuadro probatorio”, por lo que pidió “prudencia y paciencia” para que la jueza a cargo de la investigación pueda reconstruir lo ocurrido.
“Desde 2018 prestamos colaboración desde nuestra competencia y trabajamos codo a codo con la fiscalía de Río Grande para asistirlos en lo que haga falta. Nuestro objetivo es demostrar la responsabilidad de los jefes a cargo de secciones, unidades y compañías que estuvieron involucradas en estos delitos”, afirmó la fiscal general.
También mencionó que la audiencia se llevó a cabo “cumpliendo con todos los aspectos legales y las garantías de los acusados” a la vez que solicitó “no entrar en detalles sobre el contenido de las declaraciones para no entorpecer el curso de la investigación y la actividad de la jueza”, indicó.
Dos declaraciones más
El tribunal fueguino continuará hoy con las declaraciones indagatorias de otros dos militares imputados: Belisario Gustavo Affranchino Rumi, y Gustavo Adolfo Calderini, quienes también declararán por videoconferencia.
La jueza Borruto había suspendido las indagatorias de los 18 imputados actuales, inicialmente previstas para llevarse a cabo entre el 27 de junio y el 3 de julio de este año, con el fundamento de que no contaba, ni con el “personal suficiente”, ni con el “espacio” necesario en su juzgado.
Después, en una nueva resolución sobre el caso, sostuvo que a pesar de que “persisten las limitaciones materiales”, correspondía “comenzar a reprogramar las audiencias acorde con los recursos que posee el tribunal”.
Pese a ello, todavía no se informaron las fechas en que se concretarán el resto de las citaciones.
La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra con Gran Bretaña, aunque es la primera vez que la justicia argentina cita por el caso a ex miembros de las Fuerzas Armadas y escucha sus descargos, a 37 años de la finalización del conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas.
