fin de reorganizar la dotación existente, en aras de garantizar el funcionamiento y calidad de los servicios que se prestan, en función de las nuevas estructuras” funcionales del Gabinete Provincial, el Poder Ejecutivo resolvió “dejar sin efecto toda comisión de servicio, adscripción o reubicación del personal de planta permanente o temporaria dispuestas en todas las áreas de la Administración Pública Provincial centralizada” como así también las realizadas “entre las áreas de la Administración Pública Provincial, centralizada y los organismos descentralizados, Entidades Autárquicas, Empresas o Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, o entre ellos”, todas ellas “entre el 17 de enero de 2019 y el 16 de diciembre de 2019”. Es decir, durante el último año de la anterior gestión gubernamental.
El decreto 112, dictado el pasado lunes 20 –misma fecha en que se revocó el convenio colectivo de trabajo para el personal de la Administración Provincial y se dio de baja más de 300 designaciones en planta permanente- determina que el personal alcanzado por la referida disposición “deberá reintegrarse al área de origen, con la categoría que revistiera en ella (…) dentro del primer día hábil posterior” al de haber sido notificado.
La norma prevé que “los titulares de cada cartera ministerial, secretarías de estado, organismos descentralizados, Entidades Autárquicas, Empresas o Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritarias” puedan “en razones de necesidad, bajo los criterios de racionalización de gasto y eficacia de gestión” solicitar “excepciones” a lo establecido en el decreto en cuestión.
