l juez de instrucción de Río Grande Daniel Cesari Hernández sobreseyó finalmente a Joan Franco Lazarte, el hombre que estuvo preso siete meses acusado del presunto abuso sexual de uno de sus dos hijos de corta edad fallecidos durante un incendio en mayo de 2017.
La resolución judicial ponderó los informes periciales realizados por expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que contradijeron las conclusiones de una forense del Poder Judicial fueguino.
En ese contexto, el magistrado se inclinó por sobreseer a Lazarte por el beneficio de la duda, sin poner en tela de juicio que la pericia realizada en Tierra del Fuego observó lesiones compatibles con abuso sexual, y restos de semen, que en realidad eran quemaduras y secreciones del cuerpo de la niña de tres años fallecida en el incendio.
Además, el juez también sobreseyó a Lazarte, de 28 años, por la acusación de “doble homicidio culposo”, por la que había sido procesado en doble instancia, por el anterior juez del caso (hoy camarista, Sergio Dieguez) y por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.
En este caso, el hombre estaba acusado de haber actuado con negligencia al haber dejado a sus hijos solos en una casilla precaria, con inconvenientes en la instalación eléctrica que luego derivaron en el origen del fuego.
Al respecto, Cesari Hernández efectuó una nueva valoración de los hechos que luce interesante desde el punto de vista argumental, ya que incluye la situación social y de marginalidad por la que atravesaban todos los habitantes de la vivienda.
El juez sostiene que no resulta lógico adjudicarle negligencia a alguien que vivía cómo podía en situación de pobreza, y que ya tuvo suficiente culpa con la muerte de sus dos hijos.
En la misma línea, el fallo al que accedió este medio sobreseyó al abuelo paterno y a un tío paterno de los niños, que habían sido indagados y su situación había sido definida como falta de mérito.
Un caso increíble
Lazarte fue protagonista de un increíble episodio cuando además de acusarlo de actuar con negligencia en el cuidado de sus hijos (por no haber estado en el momento del incendio fatal) le imputaron el presunto abuso sexual de uno de ellos (una niña de 3 años), lo detuvieron y lo procesaron en doble instancia.
Sus abogados Francisco Giménez y Pedro Fernández ya habían adelantado en noviembre del año pasado que los informes elaborados por peritos de la Suprema Corte desacreditaban las conclusiones de sus pares fueguinos, y que descartaban cualquier posibilidad de abuso sexual sobre los niños.
Semanas atrás, los letrados revelaron algunas definiciones de esos informes (que fueron publicados por EDFM) e insistieron en que los peritos locales “confundieron” secreciones de una de las víctimas, propias de su exposición al fuego, con semen y espermatozoides, y que también consideraron indicios de violencia física a las lesiones derivadas del incendio.
El estudio realizado por expertos de la Suprema Corte analizó distintas muestras de la menor de tres años fallecida en el incendio del 13 de mayo de 2017, en Río Grande, y en particular algunas obtenidas de hisopados realizados en sus “uñas, boca, recto y vagina”.
Allí encontraron “fluidos biológicos correspondientes a un solo individuo de sexo femenino”, cuyo patrón genético se corresponde en más de un 99,99% con el de la propia niña.
De acuerdo a los abogados, la médica legista que realizó la autopsia había hallado “signos de abuso sexual con penetración vaginal y anal”.
Sin embargo, el informe de la Corte refiere que lo encontrado es “consecuencia del efecto térmico (quemaduras) y no guarda relación con lesiones por abuso sexual, como así tampoco con penetración vaginal y anal”.
Los legistas consideraron que en el caso de un abuso de estas características, “habría desgarros extensos y profundos”, con “lesiones contusas”, mientras que en la autopsia “no obran fotografías sobre las cuales pueda establecerse la presencia de espermatozoides”, señalaron.
Por el contrario, “no se constataron muestra de ADN que se correspondan con tercera personas”, afirma el informe remitido a la provincia y que suscriben, entre otros los profesionales Rubén Horacio Torrisi y Adriana D´addario”.
¿Quién le saca el estigma?
Si bien Lazarte quedó libre en diciembre de 2017, cuando la misma Cámara de Apelaciones que confirmó el procesamiento (por la negligencia y por el supuesto abuso sexual) consideró que no había riesgo de fuga, el hombre llevaba tres años siendo víctima de un estigma social que lo catalogaba como el supuesto abusador de sus hijos fallecidos.
El incendio en el que murieron los dos niños ocurrió el 13 de mayo de 2017 en el barrio Margen Sur de Río Grande.
El hombre tuvo que acudir esposado y custodiado al entierro de sus hijos, y hasta tuvo que defenderse de la hipótesis de que quiso huir de la provincia.
Los jueces tomaban como indicio que había solicitado pasajes para regresar a la provincia de Tucumán, luego de la tragedia, pero “pudimos probar que no era él sino su mujer la que quería viajar, y que él solo había apoyado una decisión que además era entendible, luego de que se les quemara la casa y que fallecieran sus hijos”, explicó Fernández en aquella oportunidad.
Sobre las sospechas de un abuso sexual, el abogado sostuvo que Lazarte vivió un “verdadero calvario” porque encima de la muerte de sus dos hijos, pasó siete meses detenido y acusado de “delitos que no cometió”.
Incluso mencionó que un indicio de su inocencia fue el cambio de postura de la esposa de Lazarte, quien primero fue querellante contra su marido, y luego de la prueba de ADN desistió de la acusación.
