os abogados Alejo Pons, Cristian Rubio y Antonella Olgiatti, representantes legales de las familias damnificadas por los tristemente célebres créditos UVA, prendarios e hipotecarios, relataron por FM Master’s las medidas y negociaciones que llevan adelante por estos días, en virtud de la enorme distorsión que experimentó la línea crediticia implementada en la gestión de Mauricio Macri, cuyos beneficiarios hoy encuentran una real imposibilidad de afrontar.
La operatoria denominada UVA tuvo por objeto la compra de primera vivienda con destino habitacional, principalmente para aquellas familias que, por sus ingresos, quedaban fuera del circuito crediticio en dólares, usual en el mercado inmobiliario.
La característica de los créditos, a la vez la razón de la distorsión, es que el sistema de ajuste de capital no se instrumentó de forma convencional de tasa de interés fija o variable, sino que se estableció un equivalente en una “unidad de valor artificial”, UVA, una fórmula que se va graduando en función del valor del metro cuadrado y distintos índices relacionados con la construcción, básicamente.
Al cabo de tres o cuatro años de desarrollo del crédito, los deudores comenzaron a recibir cuotas cuyos montos, por ese sistema de actualización, se transformaron en excesivamente onerosas con la consiguiente dificultad para afrontar el pago, en tanto se compromete su economía.
“Gente que tomó crédito por 2 o 3 millones, hoy debe 13 o 14 millones pagando puntualmente las cuotas. Esto coloca en jaque las economías familiares” refirió uno de los letrados.
La situación, según expusieron, se agravó después del 31 de julio, fecha en que feneció el plazo de un decreto dictado por el gobierno nacional para contener, durante la pandemia, el aumento de estos créditos. Ahora las cuotas comenzaron a incrementarse, de nuevo, libremente.
Otro de los abogados brindó un claro ejemplo de familias totalmente asfixiadas económicamente, como una persona con ingresos por $ 160.000, que tuvo un accidente y debió endeudarse para sus tratamientos médicos paliativos, por cuanto el UVA le implicó $ 140.000 en concepto de cuota regular.
Una solución ofrecida por el Estado fue que, superado el 10% del préstamo, se podría pedir una ampliación de la cantidad de cuotas, originalmente de 180. Pero por la propia característica del sistema, el capital aumenta cada vez más y resulta una solución parcial e incompleta.
“El instrumento que crearon aumenta de forma paralela o mayor al dólar, eso es lo insólito del sistema, porque se ajusta por un índice que aumenta más que la inflación y más que el dólar” comentó el Dr. Pons, y expuso como ejemplo créditos que aumentaron en un 600%, cuando el dólar, en el mismo lapso, lo hizo en un 500%.
Si bien se trata de contratos entre particulares, con garantía hipotecaria, los abogados entienden que se trató de una política de Estado, avalada por el Banco Central, en donde se involucró un derecho constitucional, y por ello el reclamo judicial que están llevando adelante.
La Dra. Olgiatti mencionó que, cuando se otorgaron estos créditos, “la información que circulaba, y que consta en los registros públicos, hablaba de un proceso de desinflación con metas claras, que iba a bajar la inflación al 10%” y en ese contexto informativo se firmaron los contratos.
Por otra parte, no existe morosidad en la operatoria por cuanto la cobranza es compulsiva por débito en los haberes o ingresos de los damnificados, condición aceptada como única forma para acceder a la vivienda.
“A la gente se le dio pesos para acceder a su vivienda y hoy se le reclama un importe que supera el valor del dólar. Esto genera más dolores de cabeza que si hubiera sido un crédito en dólares. Es más costoso” contrastó el Dr. Rubio.
Son 238 las personas afectadas en Tierra del Fuego, solo con el Banco provincia. Los letrados representan a 250 personas que han tomado créditos en diferentes bancos, bajo diferentes modalidades, hipotecaria o prendaria.
En el marco de las nuevas herramientas del Código Civil, se planteó una acción preventiva para prevenir el daño que el crédito está generando en las economías familiares. Con trámite sumarísimo, se convocó a una audiencia preliminar de partes en la cual se intentará una conciliación. De no ser posible, se abrirá una causa privada.
Los representantes del Banco solicitaron un cuarto intermedio de 20 días para pedir instrucciones. La idea central es que se contemple la posibilidad de generar un crédito normal y tradicional para darle un corte a esta deuda imparable. Así habría certidumbre del riesgo que cada deudor asume, frente al actual UVA oneroso, confiscatorio, usurario, y de cumplimiento imposible.
“Propendemos un acuerdo que contemple el esfuerzo compartido. Las familias quieren pagar, son familias trabajadoras que quieren pagar” concluyeron los tres abogados.
