ras una prolongada sesión, la Legislatura aprobó por unanimidad un proyecto que introdujo profundas modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones para el personal del Estado fueguino, que receptó muchas de las propuestas que en tal sentido impulsaron entidades sindicales y asociaciones y representantes del sector pasivo.
A fin de tratar de garantizar que los cambios adoptados no generen un desequilibrio en las finanzas del sistema previsional, se estableció que cada nuevo agente estatal deba realizar un aporte extraordinario del 7% de los 12 primeros haberes mensuales brutos que perciba; se mantuvo en el 14% el aporte personal y en el 16% la contribución patronal para las jubilaciones ordinarias y en 16 y 18%, respectivamente para los regímenes diferenciales.
Para el personal pasivo que haya accedido al beneficio previsional con menos de 10 años de aportes a la Caja provincial, y que perciba un haber previsional que supere la asignación básica remunerativa del gobernador, se estableció un aporte compensatorio del 15% del haber pleno mientras rija la emergencia del sistema previsional.
Además se delegó en el Ejecutivo provincial la facultad de incrementar los aportes personales en 0,50% por año, con un tope del 2,00% acumulado, a partir de la existencia de déficit entre los recursos totales y gastos totales mensuales.
Más allá de ello, para garantizar que por falta de fondos la Caja no incumpla con el pago de jubilaciones determina que los poderes ejecutivos garantizarán las sumas necesarias para el pago de la totalidad de las prestaciones en tiempo y forma, para luego reclamara el recupero de esos fondos ante los demás organismos aportantes.
A los efectos de la determinación de la base de cálculo del haber inicial jubilatorio para todos los beneficiarios del sistema, se promediarán los importes de las 60 remuneraciones de las últimas 120 remuneraciones percibidas en actividad. A partir de este cambio, habilita a los jubilados cuyos haberes hayan sido determinados el actual esquema (120 meses) a solicitar la redeterminación del haber inicial en función de la nueva pauta de determinación, pero sin efecto retroactivo.
Para acceder a la jubilación diferencial para el personal docente, se deberá haber prestado servicios con un mínimo de 12 horas cátedra, con un mínimo de 10 años efectivos frente a grado, y contar con 25 años de servicios dentro del ámbito de la educación, 20 de ellos con aportes a la Caja provincial, y tener como mínimo 50 años de edad.
Estos requisitos se reducen para los docentes de educación especial, que deberán contar con un mínimo de 10 años efectivos frente a grado, 20 años de servicios en dicha modalidad, 15 en la provincia, y sin requisito de edad mínima.
El resto del personal docente con 20 años de servicios en la Provincia podrá acceder a la jubilación ordinaria al cumplir 25 años de servicios en el ámbito docente y 55 años de edad mínima. Para el caso de aquellos que cuenten con la edad mínima requerida pero que no reúna los años de servicio deberá hacer un aporte diferencial hasta contabilizar 25 años de aportes efectivos a la Caja de Previsión Social de la Provincia.
El proyecto aprobado ayer deroga la ley 1286, mediante la que se equiparó a los fines previsionales a bibliotecarios, tutores, asesores pedagógicos, equipos interdisciplinarios del gabinete psicopedagogía y asistencia al escolar y departamento de orientación, al docente frente a grado directo y efectivo.
Los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares de enfermería de la salud que se desempeñen en atención directa a pacientes o en el área Médico Forense de la Justicia obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir 25 años de servicios y 55 años de edad, con 20 años como mínimo de aportes a la Caja provincial.
En materia de movilidad determina que se “reconocerá en forma retroactiva a la fecha de la variación salarial aplicada al trabajador en actividad” y contempla también bonificaciones del haber jubilatorio por exceso de años de servicios.
Por otra parte, determina que cuando el trabajador estatal haya reunido los requisitos necesarios para acceder el beneficio jubilatorio, el empleador podrá intimarlo a iniciar los trámites pertinentes. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo 6 meses. Una vez concedido el beneficio o vencido dicho plazo la relación laboral quedará extinguida.
Letras del Tesoro 2020 con límite para su recupero
Ante el pedido del Ejecutivo para que la Legislatura eliminara el plazo mínimo de 12 meses para amortizar las emisión de Letras de Tesorería por hasta 7.000 mil millones de pesos autorizadas en junio de este año, ya que desde el Gobierno se entendió que ese lapso temporal complicaba la colocación de esos instrumentos de crédito en el mercado, los legisladores resolvieron convalidarlo, pero estableciendo que aun cuando las colocaciones puedan superar el ejercicio económico, deberán “cancelarse antes del 1° de octubre del 2023, en los plazos de amortización y condiciones que garanticen la sustentabilidad de la deuda pública provincial”.
Terra Ignis
En cumplimiento de lo dispuestos por la ley de creación de la Empresa Terra Ignis SA, la Legislatura procedió a designar a los 2 Directores Titulares y 2 Directores Suplentes que acompañarán en la conducción de la empresa a los 3 Directores Titulares y a los 3 suplentes que corresponde sean designados por el Poder Ejecutivo.
Por mayoría, por ausencia al momento de la votación de la legisladora Victoria Vuoto, los Parlamentarios resolvieron dar esa responsabilidad a Carlos Claudio Carrera, ex ministro de Trabajo de la gestión Bertone, y a Fernando Gliubich Sánchez, licenciado en relaciones internacionales y empresario, como titulares, y al técnico en despacho de aduana y comercio exterior Lautaro saiman y a la licenciada en Administración y gestión empresarial Nancy Graña, como suplentes.
También designaron como Síndica titular a la abogada María Guerrero y como Síndico suplente al también abogado Pablo Palloto.
Los funcionarios durarán hasta 3 ejercicios en sus cargos al frente de la empresa con participación estatal mayoritaria, pudiendo ser reelegidos.
Además resolvieron aceptar el veto parcial del Ejecutivo sobre la modificación a la ley de presupuesto 2022 mediante la que el parlamento había dispuestos que “la concesión, permiso y autorización de exploración, explotación, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, hidrógeno verde y otras energías renovables, deberán sujetarse a la aprobación de la Legislatura Provincial mediante el voto de los dos tercios del total de sus miembros”, pero de manera inmediata aprobaron una nueva redacción que contempla que “la concesión, explotación, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, hidrógeno verde y otras energía renovables deberán sujetarse a la aprobación de la Legislatura mediante el voto de los dos tercios de sus miembros”. Es decir, se excluyó de la intervención Legislativa los relacionado a con los permisos y autorizaciones de exploración.
Para atraer nuevas inversiones
A propuesta del bloque oficialista se creó ayer un programa de incentivos fiscales para atraer nuevas inversiones a la Provincia. A tal efecto se autorizó a la Agencia de Recaudación Fueguina a que disponga una bonificación especial de hasta el 100% sobre Ingresos Brutos para nuevos contribuyentes que inicien actividades en el régimen local o monotributo unificado, y que se inscriban hasta el 30 de junio de 2023. El beneficio tendrá una duración mínimo de 6 anticipos mensuales y hasta un máximo de 12 anticipos, para los contribuyentes que declaren con una base imponible de hasta 5 millones de pesos en cada anticipo
Quedan excluidos aquellos contribuyentes que hubieran formalizado su cese en Ingresos Brutos en 2022.
Todos en contra del proyecto de la Coalición Cívica
Como era de prever, la totalidad de los bloques políticos del parlamento unificaron criterios para repudiar y rechazar de plano el proyecto de “eliminación gradual de la ley 19.640 –régimen de promoción industrial” que presentara el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica en el Congreso de la Nación.
Quienes fundamentar la propuesta fueron el radical Federico Sciurano, la oficialista Mónica Acosta y Laura Colazo del Partido Verde. Los expositores no ahorraron críticas hacía los permanentes detractores del régimen fueguino, ni respecto de los Gobiernos Nacionales que adoptaron medidas tendientes a eliminar las ventajas diferenciales de las que goza la industria radicada en la Provincia.
