l ministro de Economía, Federico Zapata, destacó ayer que el presupuesto del Poder Ejecutivo cerrará el año con un déficit del orden de 7.500 millones de pesos, un 64% menos que los casi 21 mil millones estimados inicialmente. En tanto que para el año entrante el rojo estimado inicialmente será de unos 11.500 millones de pesos, a pesar de lo cual la incidencia sobre el total de los ingresos pasará del 14,2% al 9%. Zapata afirmó que “hemos logrado que la tendencia del déficit presupuestario que teníamos en el año 2020 del 25,4%, haya disminuido al 23,2% en el 2021; al 14,2% en el 2022 y proyectamos que caiga a un 9% para el 2023”.
En su exposición ante los Legisladores de la Comisión de Economía, indicó que para 2023 el Poder Ejecutivo contará con unos 202 mil millones de pesos, pero que 175.177 millones son de libre disponibilidad. Precisó que sobre el total de los recursos de libre disponibilidad, 40.816 millones de pesos corresponden a coparticipación a los Municipios -Río Grande recibirá 19.399 millones (44,78%); 18.262 millones Ushuaia (47,57%) y 3.120 millones Tolhuin (7,65%)- lo que arroja un incremento de casi el 63% respecto de los 25.056 millones a coparticipar durante el año en curso.
Agregó que otros 24.188 millones de pesos serán transferidos a Poderes y Entes. Por lo que el Ejecutivo dispondrá de 110.112 millones de pesos, de los cuales unos 10 millones de pesos se destinarán a financiar programas sociales. Precisó que el subsidio al gas envasado insumirá unos 6.157 millones, 2.178 millones el Régimen Unico de Pensiones Especiales (RUPE), 1.364 millones el programa RedSol y casi 250 millones el Mesa Fueguina.
En tanto, para el pago de salarios se han presupuestado cerca de 89.700 millones, monto que se irá incrementando en función de los aumentos que se vayan acordando a lo largo del año venidero.
Federico Zapata hizo especial hincapié en el impacto que el pago de los servicios de la deuda tendrá en 2023, que demandará unos 23.300 millones de pesos contra los 10.500 estimados para este ejercicio. Indicó que para la cancelación de las cuotas de capital e interés correspondientes al Bono TFU27 habrá que desembolsar 34 millones de dólares y otros 8.400 millones de pesos en Letras de Tesorería.
Por su parte, el Director Ejecutivo de la AREF hizo un repaso sobre el comportamiento de la recaudación local durante los primeros 9 meses del año, la que dijo se ubicó por encima de la inflación “con lo cual podemos decir que en la provincia tenemos una recaudación que ha crecido en términos reales”.
Apuntó que “el acumulado de la recaudación enero-septiembre 2022 en comparación a enero- septiembre 2021 creció un 66,1%” y que se estima terminar el año “con un crecimiento del 72%, alcanzando una recaudación de 45 mil millones de pesos”, y sostuvo que para el próximo ejercicio se estima recaudar “65 mil millones de pesos, lo cual denota una continuidad en el crecimiento de estos datos para la provincia”.
Oscar Bahamonde alertó que para 2023 se espera una caída en la recaudación por Regalías ya que se espera que haya una caída en los precios internacionales del petróleo y del gas, componente que dijo fue el que posibilitó durante este año compensar la caída en cuanto a la producción de hidrocarburos.
La exposición más extensa estuvo a cargo del Jefe de Gabinete Agustín Tita, ya que formuló una defensa política del presupuesto 2023 que aseguró “ha sido pensado, formulado y será ejecutado con un objetivo fundamental: la consolidación y ampliación de la recuperación económica. Una recuperación que no deje afuera a ningún sector ni a un habitante de nuestra provincia.
Precisiones sobre la emergencia previsional
Las explicaciones y datos aportados por los funcionarios del Ejecutivo sobre la ejecución del presupuesto 2022 y el proyecto de presupuesto 2023 no motivaron mayores consultas de parte de los Legisladores, más de las precisiones solicitadas sobre el aporte económico que la AREF debería hacer a la Caja de Jubilaciones en el marco de la ley de sustentabilidad y fortalecimiento del sistema de la previsión social vigente hasta enero de 2024. La referida norma determina que durante la vigencia de la emergencia previsional, la AREF debe destinar “el exceso de ingresos percibidos sobre los gastos devengados de la Agencia”. Bahamonde explicó que esa situación de exceso de ingresos no se registró y que por lo tanto no hubo aporte alguno. Por su parte, el ministro Zapata agregó que por disposición del Banco Central tampoco el BTF pudo transferir el “50% de las utilidades remanentes propiedad del Gobierno Provincial en forma directa a la Caja de Previsión Social” prevista en la misma ley de emergencia.
De esa manera quedó claro que los únicos aportes extraordinarios contemplados en la emergencia que efectivamente está recibiendo la Caja, provienen de los aportes adicionales que mensualmente realizan los funcionarios electos, como así también los trabajadores en actividad y los jubilados que perciben haberes superiores a la remuneración del Gobernador. A lo que hay que sumar el producido de la alícuota adicional que alcanza a algunas actividades de intermediación financiera, y que este año le reportará a la Caja de Jubilaciones unos 1.300 millones de pesos, según estimó el titular de la AREF.
