n una reunión llevada a cabo en Casa de Gobierno, se concretó este jueves una mesa de trabajo con representantes de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin; a fin de analizar la situación actual del impuesto inmobiliario y su base imponible.
Por la Provincia participaron el ministro de Economía, Federico Zapata García y el director ejecutivo de la AREF, Oscar Bahamonde. Por el municipio de Ushuaia lo hicieron la Secretaria de Planificación e Inversión Pública y Viceintendenta electa, Gabriela Muñiz Siccardi; el Subsecretario de Obras Públicas, Pablo Castro; la Subsecretaria de Gestión Administrativa, Ana Laura Vera; la Subdirectora de Rentas, Rosana Acosta y el Director de Rentas, Héctor Szelada. En representación de Río Grande estuvo presente el secretario de Finanzas Públicas, Diego López; y por el municipio de Tolhuin la Secretaria de Economía y Hacienda, Luciana Rivero; la Subsecretaria de Contaduría, Xoana Torres; el Secretario de Legal y Técnica, Alexis Solís; la Coordinadora de Asuntos Institucionales, Gimena Contreras; el Director de Rentas, Bruno Maggiolo y la Directora de la Unidad de Falta, Anazul Carol.
El Ministro de Economía señaló que durante el encuentro “se avanzó para cuantificar el recurso y la consecuencia que podría generar en las administraciones” la definición del máximo órgano judicial respecto del cobro de este impuesto.
Sostuvo que, tal lo expresado por el Gobernador, “el desafío es conseguir un acuerdo político que permita que ninguno pierda el recurso, tratando de buscar un beneficio conjunto sin perjuicio de las partes”.
Zapata García afirmó que “lo cierto es que la provincia no puede renunciar ni desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre esto, y defender los intereses de las arcas provinciales es una obligación que tenemos como funcionarios provinciales”.
Reconoció que “todos necesitamos recursos para cumplir con nuestras obligaciones” y que en ese marco “el esfuerzo y compromiso ahora es de la política, en pos de buscar que ninguno de los actores se vea perjudicado y se genere un beneficio para todos”. Agregó que “estamos en una instancia donde, en forma articulada y coordinada, hay mucho que pensar, porque no hay ninguna determinación específica, más allá de lo que lo que el fallo definió”.
La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, precisó que desde los Municipios “realizamos el pedido de derogación y planteamos la necesidad de que el Inmobiliario continúe siendo recaudado por los municipios, ya este impuesto es fundamental para el día a día de cada ciudad”. Señaló también que el Gobierno provincial "va a analizar todos los planteos y consultas que realizamos los municipios, para dar una respuesta en la próxima reunión".
Por su parte, el secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, dijo que se consensuó que los Municipios sigan actuando como agentes de percepción del Impuesto Inmobiliario, y acordó avanzar en dos líneas de trabajo. En primer lugar, la posibilidad de derogar los artículos de la ley 1075 correspondientes al Impuesto Inmobiliario. En segunda instancia, mantener el nivel de recaudación en función de las alícuotas en términos porcentuales, a partir del diferencial que surja de las nuevas alícuotas fijadas en la ley.
Diego López afirmó que en la reunión el Gobierno asumió el compromiso de que no habrá avances a futuro sobre el Impuesto automotor.
