l escenario político en la Municipalidad de Río Grande se ve envuelto en una creciente tensión debido al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. En el centro de esta disputa se encuentra el desconocimiento por parte de los ediles de los vetos impuestos por el Ejecutivo a una serie de ordenanzas propuestas por la oposición legislativa que establecen eximiciones impositivas de diversa índole, lo que en el municipio advierten como una intención de desfinanciar a la institución.
Gastón Díaz, secretario de Gobierno, advirtió sobre la posibilidad de que este conflicto termine en instancias judiciales, dado el desacuerdo en torno a cuestiones que afectan las finanzas públicas y las competencias de ambos poderes.
En sus declaraciones, Díaz expresó su preocupación por el procedimiento seguido por el Concejo, señalando que las ordenanzas fueron aprobadas de manera unilateral, sin el necesario proceso de debate en comisión. "Los proyectos fueron aprobados unilateralmente sin siquiera considerar el proceso habitual de debate en comisión. Lo que se aprobó ayer necesita un análisis riguroso antes de su aprobación", afirmó el funcionario. Asimismo, destacó la importancia de realizar un análisis exhaustivo de las implicaciones financieras y presupuestarias de las decisiones tomadas.
El secretario de Gobierno enfatizó la necesidad de respetar los procedimientos establecidos y promover el diálogo y la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo para abordar las necesidades y preocupaciones de la comunidad en su conjunto. "Los procedimientos establecidos deben ser respetados, la voluntad del diálogo debe priorizarse y buscar la colaboración entre el poder Ejecutivo y el Legislativo", declaró Díaz.
En relación con la posible judicialización del conflicto, el funcionario anticipó que el municipio solicitará la intervención del Poder Judicial, específicamente del Superior Tribunal de Justicia, para aclarar las facultades del Concejo en relación con la modificación de un presupuesto ya aprobado. Según Díaz, se trata de un conflicto de poderes en el que el Ejecutivo considera que el Concejo está excediendo sus atribuciones al insistir en desconocer los vetos. "Vamos a solicitar a la Justicia nos aclare ese punto respecto de las facultades del Concejo de modificar un presupuesto que fue aprobado el año pasado por todos los bloques políticos", expresó.
Además, el funcionario lamentó la aparente discrepancia de algunos actores del espacio peronista, que están votando en contra de proyectos respaldados por el intendente Martín Pérez. "Me llama la atención que algunos actores del propio espacio peronista hoy están votando y tomando decisiones en el ámbito municipal de Río Grande en contra del proyecto justicialista del intendente Martín Perez", señaló. En este sentido, enfatizó la importancia de mantener la cohesión dentro del partido para impulsar iniciativas que beneficien a la comunidad.
Finalmente, el secretario Gastón Díaz advirtió que desfinanciar al municipio va en contra del modelo municipal peronista y llamó a los responsables a rendir cuentas internamente dentro del partido o realizar una autocrítica. "Desfinanciar al municipio es no acompañar un modelo municipal peronista. En algún momento eventualmente deberán dar sus explicaciones internas dentro del partido o hacer una autocrítica", concluyó.
El conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo de Río Grande refleja tensiones que del ámbito político se trasladan al judicial, cuya pronta resolución vendrá a garantizar el funcionamiento adecuado de la administración municipal. En medio de esta disputa, la colaboración y el diálogo entre ambas partes se hace indispensable.
