l Secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, expuso la lectura que hace el Gobierno del fallo del Juez de Instrucción Sergio Pepe. La sentencia se registró el 14 de febrero de este año en la causa por presunto delito en la alteración del Decreto Provincial 1654 emitido el año pasado, encuadrada en la figura de falsedad ideológica del Código Penal.
“Se pudo comprobar que no hubo delito penal ni incumplimiento de deberes de funcionario público”, afirmó el funcionario y recordó que la denuncia se basaba en la presunta consignación falsa de la fecha de suscripción del decreto y que a su vez la rúbrica estaba irregularmente efectuada por el Ministerio de Obras Públicas.
Explicó que “la sentencia toma como base dos pruebas por un lado la testimonial dada por el personal de despacho y pericia informática que se hizo sobre las computadoras que en su momento se secuestraron”.
Fossatto subrayó que “todo eso conllevó a que el acto administrativo fue emitido conforme a las normas vigentes y que no hubo falsedad en el registro” y ponderó la predisposición del acceso a la información por parte del Gobierno de la Provincia y la Administración en su totalidad.
“Hoy el Gobierno tiene la validez de ese acto administrativo y estamos a la espera de la resolución de la otra causa que se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia. El Gobierno dispone de la veracidad de los actos públicos, los funcionarios intervinientes no han ejercido ningún delito penal, han cumplido con la mandan las normas al momento de emitir un acto, y se analizará qué camino se sigue con respecto a la presentación de esta denuncia contra los funcionarios públicos”, evaluó.
El Secretario indicó, además, que el Gobierno no fue notificado de que la sentencia del Juez Pepe haya sido apelada y consideró que debido a que ya habrían caducado los tiempos legales para apelar, la sentencia judicial habría quedado firme.
En torno a los pasos a seguir, mencionó que “se espera la resolución del Superior Tribunal de Justicia, que tiene un hecho nuevo que es la investigación sobre la validez del acto administrativo que en su momento convocaba a elecciones”.
“Estamos a la espera de la resolución con respecto a la otra causa que se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia. Se procederá al análisis de las acciones que se puedan tomar también porque no debemos desconocer que esto deviene de una denuncia contra funcionarios públicos entonces acreditada la veracidad de la fecha cierta del acto administrativo el Estado hoy deberá analizar qué acciones puede llegar a tomar. Hay que considerar las erogaciones que implica llevar adelante estas investigaciones”, cerró.
