omo lo viene haciendo desde el año 2008, cuando el Ejecutivo ratificó el "Memorándum de Entendimiento y los Puntos Centrales del Acuerdo de Gas" con TEQSA y "Acuerdo de cooperación" que había firmado el por entonces Ministro de Economía, Roberto Crocianelli y el Secretario de Hidrocarburos Eduardo D`Andrea en China, el Fiscal de Estado de la Provincia volvió a plantear una serie de observaciones, cuestionamientos y reparos respecto de los alcances del Acuerdo de Resolución de Conflicto rubricado entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A el pasado miércoles 28 de mayo.
Tal se desprende de la nota remitida al Gobernador y girada también a la Legislatura el 11 de junio, mismo día en que ingresó al Parlamento para su ratificación o rechazo el referido acuerdo, el Fiscal de Estado entiende absolutamente necesario que el Poder Ejecutivo no incurra, a pesar de las recomendaciones formuladas oportunamente, en los mismos errores cometidos con la firma del convenio original, para así blindar a la Provincia de futuros, innecesario y evitables reclamos.
En ese marco plantea que “de no corregirse las deficiencias advertidas, existe un riesgo cierto de frustración del contrato, lo cual implicará la postergación de una inversión estratégica para la Provincia y para el desarrollo de su zona norte. Además del peligro de que se generen nuevos conflictos entre las partes involucradas, deben destacarse otras consecuencias de especial gravedad. Entre ellas, la eventual responsabilidad patrimonial de las partes frente a terceros; la generación de un posible perjuicio fiscal derivado de la falta de justificación suficiente de los importes comprometidos; y la responsabilidad administrativa de los funcionarios intervinientes”.
Tras un extenso y detallado repaso de la historia del denominado convenio chino, de las reiteradas objeciones planteadas por la Fiscalía y no escuchadas por el Ejecutivo, asevera que “varios puntos del convenio están redactados de forma ambigua e imprecisa”.
Entre otras cuestiones reclama que el nuevo acuerdo contemple plazos precisos, concretos y específicos para cada etapa de las obras comprometidas por la empresa (la central termoeléctrica y la planta de urea).
Plantea también que es necesario contar con un estudio técnico que permita determinar cuáles serán las deducciones y/o compensaciones fiscales e impositivas que debe realizar la Provincia hasta enero de 2030 para compensar los 30 millones de dólares que la empresa pagó en concepto de primera cuota de compra anticipada de gas de regalías.
Objeta que no se fije ningún precio de referencia al que la Provincia deba compensar el costo de la compra de gas en el mercado privado que TFEQSA deba adquirir hasta que la Provincia recupere la libre disponibilidad de sus regalías gasíferas, hoy calzadas como garantía del Bono TFU 2027.
Además, precisa que el nuevo acuerdo “producto de la incorporación de la central termoeléctrica (…) modifica el contrato original”, y flexibiliza las exigencias en materia de contratación de empleados argentinos.
Alerta también que al cambiar el punto de entrega de los volúmenes de gas, que ahora será en el Parque Las Violetas y no en el informado en su momento durante la ejecución del convenio original, “resulta esencial determinar quién y cómo se hará cargo de ejecutar el gasoducto de más de 60 kilómetros, además de qué sucederá si no se obtienen las autorizaciones nacionales pertinentes” para concretar esa obra.
En apretada síntesis, el Fiscal de Estado plantea “la necesidad de establecer plazo para las obras y tareas necesarias para ejecutar el convenio”; “la necesidad de establecer precisiones respecto de las contingencias que podría sufrir la provisión de gas natural a las instalaciones” y “la necesidad de prever contingencias como las ya sucedidas en la ejecución del convenio original”. Objeta “las diferencias en relación a la entrega de m3 de gas a favor de la empresa que deben justificarse” y la falta de precisión respecto de “la adquisición de fluidos en el mercado por parte de TEQSA”; que “en el acuerdo se pactan condiciones no existentes en el contrato original que debe quedar sujetas a las resultas de los procedimientos administrativos y aprobaciones pertinentes”, y además cuestiona que en el acuerdo de resolución de conflicto “existen decretos derogados que no forman parte de la pretensión original de la demanda, y que esta Fiscalía de Estado sostuvo que estaban firmes y consentidos por la empresa”.
A modo de cierre, el Fiscal de Estado señala que “la falta de precisión o el uso de términos ambiguos en un contrato de gran importancia económica lleva casi indefectiblemente a malentendidos y problemas legales de igual o mayor magnitud. Por lo tanto, dejar las aclaraciones y especificaciones que resultan necesarias en un contrato libradas a la suerte de la interpretación judicial puede costar muy caro para el erario provincial si la misma le es desfavorable, y como mínimo muy contraproducente para el desarrollo de la Provincia, aun cuando no fuera condenatoria. En cualquier caso, es claro que las políticas estatales quedarán condicionadas por el presente acuerdo cuanto menos por un cuarto de siglo, si no más, motivo por el cual solicito al señor Gobernador que tome en cuenta las observaciones formuladas y, por su intermedio, disponga la más pronta subsanación de las deficiencias apuntadas, de forma tal que la propuesta contractual elevada a la Legislatura resulte acorde a los intereses institucionales que están involucrados”.
