El Gobierno evalúa cambios en la reforma laboral mientras la CGT redefine su estrategia
Reforma laboral y pulseada política

El Gobierno evalúa cambios en la reforma laboral mientras la CGT redefine su estrategia

En medio de las sesiones extraordinarias, el oficialismo aún no logra consensuar una estrategia común para aprobar la reforma laboral. Mientras algunos sectores del Gobierno se muestran abiertos a modificaciones puntuales, otros rechazan cualquier cambio. En paralelo, la CGT debate cómo y con quién sentarse a negociar en el Senado.
08/01/2026
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pocas semanas de que el Congreso retome el tratamiento de la reforma laboral, el Gobierno nacional atraviesa una instancia de definiciones internas que expone tensiones dentro del propio oficialismo. La mesa política que rodea al presidente Javier Milei todavía no logra acordar una estrategia unificada para reunir los votos necesarios durante las sesiones extraordinarias, al tiempo que la Confederación General del Trabajo (CGT) revisa sus próximos pasos y mantiene abiertas varias opciones.

En este escenario, un sector relevante del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se mostró dispuesto a escuchar observaciones y evaluar cambios menores al proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La condición, según admiten en el oficialismo, es no alterar el “espíritu” de la iniciativa.

“Si no modifica el espíritu de la reforma, podemos conversar”, reconoció un funcionario involucrado en las negociaciones, dando cuenta de una postura más flexible que busca destrabar resistencias y sumar voluntades en la Cámara alta.

Sin embargo, esta posición no es compartida por todo el círculo íntimo del Presidente. Por el contrario, otros actores de peso dentro del Gobierno consideran que el proyecto ya atravesó un proceso de ajustes durante su redacción y que no existe margen político para nuevas concesiones. “Es un proyecto de consenso. No veo margen para más modificaciones”, señaló una fuente calificada, reflejando la interna que atraviesa al oficialismo.

A pesar de estas diferencias, en el Senado comenzará a funcionar durante la segunda semana de enero un equipo técnico encabezado por la abogada Josefina Tajes, con el objetivo de analizar las objeciones planteadas por distintos sectores y estudiar alternativas posibles. Además, está previsto que el 26 de enero los senadores debatan formalmente el tema, con la intención de habilitar su tratamiento en el recinto durante los primeros días de febrero.

En paralelo a las negociaciones legislativas, el Gobierno activó una ronda de contactos políticos en las provincias. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, dando inicio a una serie de encuentros con mandatarios provinciales. “La idea es llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral”, señalaron desde su entorno, evidenciando la necesidad de sumar apoyos territoriales.

En Balcarce 50 reconocen que los puntos más resistidos del proyecto se concentran en el capítulo tributario y en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone que los empleadores aporten de manera obligatoria, todos los meses, el 3% de la remuneración bruta de sus trabajadores. Estos aspectos generan reparos tanto en sectores empresariales como en parte de la oposición, complicando el camino hacia la aprobación.

Con la mirada puesta en la segunda mitad de las sesiones extraordinarias previstas para febrero, la administración libertaria enfrenta el desafío de ordenar prioridades, alinear el discurso interno y definir hasta dónde está dispuesta a negociar si pretende anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Del otro lado de la mesa, la CGT también atraviesa su propio debate. Si bien la central obrera tendría decidido participar de las reuniones que se desarrollarán en el Senado, aún no resolvió quiénes serán los encargados de representar al sindicalismo. Entre las opciones que se barajan figura el envío de dirigentes de primera línea, referentes de segunda línea o, directamente, delegar la discusión en sus abogados laboralistas.

“No se definió todavía si van a ir los dirigentes o si al final van a mandar a sus representantes legales”, explicó una fuente de la entidad de la calle Azopardo. De este modo, mientras el Gobierno intenta ajustar su estrategia para avanzar con la reforma, el sindicalismo mantiene la cautela y evalúa cómo posicionarse frente a un debate que promete ser uno de los ejes centrales del verano político.

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