a intervención federal del Puerto de Ushuaia quedó envuelta en una nueva polémica por la improvisación y precariedad de la decisiones que se están tomando, luego de que se advirtiera formalmente la inexistencia de un plan de seguridad operativo y la imposibilidad de que personal autorizado cumpla funciones esenciales. La situación fue expuesta ante la Prefectura Naval Argentina y encendió alertas por los múltiples riesgos que implica mantener la operatoria portuaria en estas condiciones.
En primer lugar, el planteo señala que, tras la intervención, no estaría garantizada la vigencia ni la correcta implementación del Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PBIP), exigido por normativas nacionales e internacionales. A ello se suma que personal técnico y responsables designados previamente no tendrían acceso al puerto, lo que impide verificar controles de ingreso, sistemas de vigilancia, cámaras, alarmas y procedimientos básicos de seguridad.
Asimismo, la falta de personal autorizado y capacitado impacta de lleno en las operaciones cotidianas. En ese marco, se advierte que continúan actividades sensibles como la carga de combustible a buques, la manipulación de residuos oleosos y la operatoria con mercancías peligrosas, sin la certeza de que existan equipos y protocolos activos para responder ante incidentes o emergencias.
Por otra parte, el documento alerta sobre riesgos ambientales concretos. El puerto está ubicado en pleno casco urbano de Ushuaia y cualquier derrame, incendio o falla operativa podría tener consecuencias inmediatas sobre la población y el entorno natural. La ausencia de un plan de contingencia plenamente operativo y de personal entrenado para actuar agrava un escenario ya de por sí delicado.
A ello se suma un riesgo de alcance internacional. Ushuaia es una puerta estratégica de entrada a la Antártida y un nodo central para el turismo de cruceros y las operaciones científicas. Operar sin un esquema de seguridad y protección alineado con el Código PBIP/ISPS puede afectar la confianza de operadores internacionales y derivar en restricciones, advertencias o pérdida de certificaciones, con impacto directo en la actividad económica y la reputación del puerto.
Finalmente, la presentación plantea un interrogante de fondo: si la intervención federal no garantiza condiciones mínimas de seguridad, control y respuesta ante emergencias, el problema deja de ser administrativo para transformarse en un riesgo operativo, ambiental y soberano.
En ese contexto, crece la preocupación por la falta de definiciones claras y por la continuidad de actividades críticas sin el respaldo de planes, controles y personal habilitado.
