l exsenador Pablo Blanco manifestó una fuerte preocupación por la medida adoptada por el Gobierno Nacional que desplazó a las autoridades provinciales del Puerto de Ushuaia. A su juicio, se trata de un hecho grave que vulnera la soberanía de Tierra del Fuego y sienta un precedente institucional peligroso. “No me parece que esta decisión del Gobierno Nacional respete los derechos de la provincia. El puerto de Ushuaia es propiedad de Tierra del Fuego. Esto es un avasallamiento”, aseguró.
Blanco reconoció no tener acceso directo a información oficial debido a que ya no ocupa cargos, pero insistió en que los fundamentos conocidos por los medios no justifican una acción de esta magnitud. “No tiene sustento. Más aún cuando la decisión la toma un organismo de tercera o cuarta categoría del Gobierno Nacional. Está invadiendo jurisdicciones”, criticó, en alusión al nombramiento de un interventor desde Nación sin intervención del Congreso.
En sus declaraciones, Blanco también recordó que uno de los argumentos utilizados para justificar la medida —el supuesto desvío de fondos del puerto a la obra social provincial— está basado en una ley votada por unanimidad por la Legislatura fueguina. “Votaron a favor legisladores que hoy ocupan cargos nacionales y que ahora salen a bancar la intervención. Es contradictorio”, denunció.
El exlegislador expresó su desconcierto por la escasa reacción institucional que ha generado el hecho. “Yo hubiera esperado una respuesta mucho más fuerte de todo el arco político fueguino. La Legislatura debería pronunciarse. Acá no se trata de defender a un gobierno, se trata de defender los intereses de la provincia”, remarcó. En ese sentido, consideró fundamental separar la figura del gobernador Melella del valor estratégico que tiene el puerto: “Si hay irregularidades, que se investigue. Pero hay organismos provinciales para eso: el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la justicia local. No corresponde que Nación se meta de esta manera”.
Además, Blanco subrayó el peso geopolítico del Puerto de Ushuaia y lo que representa como puerta de entrada a la Antártida. “A nadie le debe escapar la importancia del puerto como el punto más cercano al continente blanco. Esto no es solo una cuestión de administración, es soberanía”, enfatizó.
Según su visión, la medida nacional encierra otras intenciones. “El gremialista que pidió la intervención ahora es el interventor. Hay intereses poco claros detrás de esta jugada”, advirtió, dejando entrever posibles vínculos con intereses extranjeros o planes de privatización. “La falta de claridad alimenta rumores, y el silencio de muchos actores políticos contribuye a esa incertidumbre”, señaló.
Sobre los motivos esgrimidos por Nación, como la desinversión en infraestructura, fue tajante: “Ese argumento es insostenible. Si fuera por falta de inversión, deberían intervenir todo el país. No invierten ni el 1,4% en las rutas nacionales. Es una excusa”.
Blanco también alertó sobre el control de los fondos: “¿Dónde van los recursos que genera el puerto? A la Nación. Y son recursos provinciales”, sostuvo, cuestionando la legalidad y la legitimidad del manejo económico tras el desplazamiento.
El exsenador consideró que el Gobierno Provincial debe actuar con mayor firmeza. “Deberían haber presentado ya un amparo. No puede ser que te quiten una jurisdicción porque sí”, indicó. También apuntó a los representantes fueguinos en el Congreso, exigiendo que tomen postura: “Los diputados y senadores tienen que explicar por qué se tomó esta decisión. Representan a la provincia, no a un partido”.
Finalmente, Blanco deslizó una advertencia sobre el rumbo institucional. “Hoy es el puerto, mañana puede ser un municipio. Si no hay reacción, esto avanza”, advirtió. A pesar de su compromiso de no hacer declaraciones públicas tras dejar su banca, aseguró que no podía guardar silencio ante un hecho de esta magnitud. “Esta es una defensa de los intereses de Tierra del Fuego, no de un gobierno”, concluyó.
