na investigación ambiental puso en el centro de la escena a la base antártica argentina Petrel, reactivada en febrero de 2023 tras permanecer más de 40 años inactiva. La denuncia fue impulsada por científicos y funcionarios vinculados a la actividad polar, que alertaron sobre prácticas presuntamente prohibidas en el marco del Protocolo de Madrid, tratado internacional que regula la preservación ambiental en el continente blanco.
El caso llegó a conocimiento de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y del Instituto Antártico Argentino (IAA), que recibieron reportes sobre vertido de residuos líquidos contaminantes, acumulación de basura y falta de tratamiento adecuado de hidrocarburos en la zona de operaciones logísticas de la base. Las acciones podrían constituir una violación al artículo 7 del Protocolo, que prohíbe cualquier actividad que tenga impacto ambiental negativo significativo.
La base Petrel, ubicada en la isla Dundee, en la península Antártica, fue inaugurada originalmente en 1967 pero resultó parcialmente destruida por un incendio en 1974. En los últimos años, el Ministerio de Defensa impulsó su recuperación como parte de una política de fortalecimiento logístico y soberano en la región. Su reactivación fue presentada como un hito estratégico, ya que permitiría contar con una base permanente con pista aérea operativa y capacidad de abastecimiento intercontinental.
Sin embargo, las denuncias recientes ponen en entredicho el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Según el portal Ámbito, se detectaron rastros de combustibles en zonas de tránsito y descarga, junto con acumulación de tambores metálicos sin rotulación, presencia de residuos peligrosos y ausencia de sistemas formales de gestión de efluentes. Además, se habrían realizado tareas de limpieza sin evaluación previa de impacto ambiental, otro requisito exigido por el protocolo internacional.
Desde el Instituto Antártico confirmaron que se está elaborando un informe técnico y que la situación será presentada ante el Comité para la Protección del Medio Ambiente, que funciona bajo el Sistema del Tratado Antártico. Por su parte, la Cancillería evalúa eventuales consecuencias diplomáticas si se confirmara el incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado argentino.
En declaraciones citadas por medios locales, investigadores vinculados al programa antártico advirtieron que ‘la preservación del ecosistema no puede quedar subordinada a decisiones operativas’ y pidieron una revisión urgente de los procedimientos aplicados en la base.
El artículo 3 del Protocolo de Madrid establece que toda actividad debe desarrollarse sin afectar el valor ecológico, científico y estético del continente, considerado una reserva natural para la paz y la ciencia. La denuncia, que ya circula en ámbitos internacionales, podría comprometer la imagen de Argentina en foros ambientales y científicos si no se adoptan medidas correctivas.
Desde Defensa no hubo declaraciones públicas al respecto. La Dirección Nacional del Antártico, en tanto, indicó que se están tomando acciones para verificar los hechos y remediar cualquier impacto potencial. Mientras tanto, organismos especializados advierten sobre la necesidad de garantizar estándares ambientales estrictos, especialmente en un contexto de creciente atención sobre la sustentabilidad en los territorios polares.
