a intervención del puerto de Ushuaia fue calificada como arbitraria y de una enorme gravedad institucional, sin antecedentes ni respaldo legal claro. Para Fabiana Ríos, la medida adoptada por un organismo sin jerarquía ni competencia sobre jurisdicción provincial responde a una lógica política que impone hechos consumados. “Hace las cosas y después, frente al hecho consumado, va ganando tiempo y legitimando un modo de hacer”, advirtió.
Ríos sostuvo que la intervención no es solo un conflicto entre jurisdicciones, sino una amenaza directa a la institucionalidad local. “Estamos en un problema institucional muy grave, frente a un gobierno nacional que ha instalado como práctica política el desprecio a las instituciones”, afirmó. Remarcó que la gravedad del hecho excede a cualquier gestión de turno: “No es un problema del gobernador que hoy está en ejercicio, es un problema de la provincia, de sus instituciones, de su dirigencia política y de toda la ciudadanía”.
En cuanto a los fundamentos invocados por el gobierno nacional, Ríos indicó que se trataron de argumentos vagos, como supuestas fallas en infraestructura, pero que no se correspondieron con ninguna acción concreta como la suspensión de recaladas. “Si hay infraestructura que no garantiza seguridad y el gobierno provincial actúa irresponsablemente, suspenden las recaladas. No las suspenden”, afirmó. Recordó además que el acuerdo de transferencia del puerto le otorga a la provincia la administración plena, y que cualquier denuncia sobre su uso debería canalizarse a través del sistema judicial. “Denunciala, pero no tenés capacidad de intervención a través de un decreto. Eso no. Mucho menos la administración de fondos que ya le han sido otorgados en cuanto a la administración”, remarcó.
Consideró particularmente grave que se haya ignorado el tribunal arbitral previsto en el convenio de traspaso, en favor de una medida ejecutada por una agencia nacional sin jerarquía institucional. “El acuerdo establece un mecanismo institucional. No puede intervenir una agencia que no es ni ministerio ni secretaría de Estado”, advirtió. Además, vinculó el episodio a un contexto geopolítico más amplio: “Cambia el mapa del derecho internacional. Lo cambia. En los hechos. Hay un alineamiento absoluto y sin condiciones de nuestro país a los de Estados Unidos”, señaló, en referencia a visitas militares y acuerdos recientes que involucran a Tierra del Fuego.
Ríos llamó a todas las instituciones fueguinas a tomar postura pública ante este escenario. Apuntó particularmente a la Legislatura, que a su juicio debió haber convocado una sesión extraordinaria ante la magnitud del conflicto. “La Legislatura como institución, parte del Estado, con responsabilidad política, que financiamos todos los fueguinos, debía haberse expresado, haberse citado, haber llamado, haber participado. Algo que no hizo”, lamentó. También cuestionó la inacción de otros organismos: “¿No les parece que es grave como para llamar a todos los que actualmente tienen responsabilidad?”, dijo, en referencia a la falta de convocatoria del Consejo Económico y Social.
Sobre los organismos de control, sostuvo que al menos deberían haber emitido una posición: “Por lo menos deberían expresar. Si no se presentan, ¿por qué no lo hacen?”. Pese a que aclaró no litigar en el fuero federal, señaló que en términos políticos, el conflicto de competencias planteado por el juez deja aún más en evidencia la excepcionalidad del caso: “Este tema, una intervención portuaria, no tiene antecedentes. Ni siquiera durante la operación Langostino, que fue el escándalo portuario más importante de la Argentina, se intervino un puerto”, afirmó.
Para Ríos, lo urgente no debe ocultar lo importante, y ambos niveles deben abordarse con seriedad. “Equilibrar la balanza de la urgencia y la importancia implica redoblar los esfuerzos, profundizar, consultar a los que sepan para no cometer errores”, sostuvo. Y remarcó que la legitimidad de la respuesta política de la provincia no puede depender solo del Ejecutivo: “Deben poder encauzar, informar debidamente y también no tener miedo a hacer participar para legitimar la propia posición de la provincia”.
De todos modos, explicó que posición sobre el tema: “No tengo ninguna representación pública ni política desde hace diez años”, recordó, pero advirtió que eso no anula la responsabilidad colectiva de quienes sí la tienen: “Expresarnos en función del puerto no significa ni cercanía ni lejanía con el partido político que gobierna, sino que supone de los actores políticos de la provincia un posicionamiento que refuerce las instituciones. Porque de lo contrario, con el silencio, con lo que se contribuye es con el avasallamiento de las instituciones y la degradación de la democracia en la Argentina”.
