l Poder Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura un proyecto de ley destinado a incorporar herramientas clave para la gestión del ejercicio 2026, en un contexto en el que el presupuesto fue reconducido por decreto. La iniciativa busca complementar ese esquema con autorizaciones específicas que permitan administrar la liquidez del Tesoro, sostener la inversión pública y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Uno de los ejes principales es la autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta 80 mil millones de pesos, con el objetivo de cubrir desfasajes temporales de caja derivados de la estacionalidad de los ingresos y el calendario de vencimientos. Estas operaciones estarán exentas de tributos provinciales y podrán ser garantizadas mediante la afectación de recursos de coparticipación federal, sin comprometer los fondos que corresponden a los municipios.
El proyecto también establece que hasta el 20% de los fondos obtenidos por esta vía podrá destinarse de manera transitoria a la asistencia financiera de municipios ante dificultades de liquidez —mediante adelantos reintegrables— y a la cancelación de obligaciones del Tesoro con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), lo que busca aliviar tensiones financieras tanto a nivel provincial como local.
En materia de financiamiento de largo plazo, la iniciativa habilita al Ejecutivo a contraer deuda por hasta 40 mil millones de pesos para la ejecución de obras de infraestructura en áreas estratégicas. Entre ellas se incluyen la segunda etapa del Hospital Regional Ushuaia, la refuncionalización del Hospital Regional Río Grande, la construcción de centros de salud y comisarías, obras de urbanización, redes de agua, cloaca y gas, así como nuevos establecimientos educativos y espacios destinados a personas con discapacidad.
Estas operaciones podrán instrumentarse mediante préstamos u otros instrumentos financieros en moneda nacional, con tasas acordes al mercado, y con la posibilidad de garantizarse mediante recursos de coparticipación federal. El proyecto también faculta al Ejecutivo a realizar adecuaciones en materia de crédito público, siempre bajo criterios de sostenibilidad de la deuda.
En paralelo, el texto incorpora medidas orientadas a ordenar el gasto público, particularmente en materia de personal. Se establece que las remesas financieras deberán ajustarse a la planta efectivamente ocupada, y que los organismos deberán adecuar sus gastos o buscar recursos alternativos si no pueden sostener las previsiones presupuestarias. En esa línea, se propone la suspensión de la cobertura de vacantes en la administración pública, salvo excepciones debidamente justificadas para servicios esenciales y sujetas a disponibilidad financiera.
Asimismo, se refuerzan herramientas para enfrentar desequilibrios de corto plazo, habilitando al Ejecutivo a acceder a financiamiento temporal sin autorización legislativa previa en determinados casos, dentro de límites establecidos por la normativa vigente.
El proyecto también contempla la posibilidad de otorgar garantías, avales u otros instrumentos de respaldo financiero para facilitar el acceso de los hogares a servicios esenciales y obras domiciliarias, como conexiones a redes de agua, gas y cloacas, así como la adquisición de equipamiento necesario para su funcionamiento.
En conjunto, la iniciativa busca dotar al Gobierno provincial de un marco normativo más flexible y operativo para afrontar un ejercicio marcado por restricciones financieras, combinando herramientas de financiamiento, control del gasto y sostenimiento de la inversión pública en sectores prioritarios, con el objetivo de garantizar la continuidad del Estado y el equilibrio de las cuentas públicas.
