pocos días de haberse cumplido dos meses de la poco clara intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria S.A., una nueva estructura con perfil empresario destinada a la explotación y administración de la actividad portuaria.
La propuesta abarca puertos, espacios acuáticos e instalaciones portuarias y extraportuarias ubicadas al sur de los paralelos 53° y 54° de latitud sur, zona que abarca el Estrecho de Magallanes, la Isla Grande de Tierra del Fuego, el Canal Beagle y el norte de la Península Antártica.
El proyecto se apoya en la Ley Nacional de Puertos 24.093, que impulsó la provincialización de los puertos y habilitó esquemas descentralizados con participación privada. En ese marco, el Ejecutivo sostiene que la dinámica del sector exige modelos más flexibles, capaces de integrar logística, transporte multimodal y financiamiento, en línea con experiencias internacionales como las de Rotterdam o Amberes.
La nueva sociedad se constituirá como sociedad anónima, con participación de la Dirección Provincial de Puertos como accionista e integrante del directorio. El Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la definición del estatuto, la composición accionaria y la conformación del órgano de conducción.
Entre sus funciones, la sociedad podrá administrar infraestructura, prestar servicios a buques y cargas, coordinar servicios portuarios, ejecutar tareas de dragado y balizamiento, y celebrar convenios con actores públicos y privados. También estará habilitada para desarrollar fideicomisos, gestionar financiamiento y suscribir contratos con operadores nacionales e internacionales.
El proyecto destaca que la gestión deberá combinar eficiencia y competitividad con el cumplimiento de normas ambientales, de seguridad de la navegación y de control de tráfico, en coordinación con autoridades federales.
Uno de los puntos clave es que el Ejecutivo conservará una “acción de oro”, que le permitirá intervenir en decisiones estratégicas vinculadas a políticas públicas. A su vez, la Dirección Provincial de Puertos mantendrá las funciones regulatorias, mientras que la nueva sociedad asumirá la gestión operativa.
En cuanto al financiamiento, el texto prevé ingresos a partir de cánones, tarifas, tasas por servicios, multas, subsidios, donaciones y aportes privados, con el objetivo de fortalecer la capacidad de inversión del sistema.
En paralelo, el Ejecutivo también presentó un proyecto para derogar el artículo 12 de la Ley Provincial 1596, que había creado un fondo para el pago de la deuda de la obra social estatal, financiado en parte con el superávit de la Dirección Provincial de Puertos correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. La medida se vincula con la reorganización del esquema financiero del sector portuario.
