l Poder Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura un proyecto de ley para reformar de manera integral la Ley Provincial N° 19, que regula el funcionamiento del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH). La iniciativa apunta a actualizar un marco normativo vigente desde 1992, en función de los cambios económicos, sociales e institucionales registrados en las últimas décadas.
Entre los fundamentos, se señala que el esquema original estaba basado en flujos de financiamiento nacional, principalmente del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), hoy considerados insuficientes. La retracción de estos recursos dejó a los institutos provinciales en una situación de vulnerabilidad, lo que impulsa la búsqueda de mayor autonomía y sustentabilidad financiera.
El contexto actual muestra la magnitud del problema habitacional. A marzo de 2026, el IPVyH registraba alrededor de 6.000 personas inscriptas en el padrón de demanda general, con un crecimiento sostenido de unas 30 nuevas solicitudes por mes. La situación se ve agravada por demoras que afectan a postulantes anotados desde 2006 y por una capacidad de respuesta limitada: se proyecta la finalización de entre 450 y 500 viviendas entre fines de este año y el primer semestre del próximo, mientras que la paralización del financiamiento nacional dejó frenadas unas 2.200 unidades.
Frente a este escenario, el proyecto propone un cambio de enfoque en la política habitacional, pasando de un modelo centrado exclusivamente en la vivienda social hacia una visión integral del hábitat, que incluye acceso al suelo urbano, infraestructura y servicios. En ese marco, se incorpora la segmentación de la demanda como principio rector, con el objetivo de diseñar soluciones diferenciadas según la capacidad económica de los hogares.
Como uno de los aspectos centrales, la reforma incorpora herramientas orientadas a fortalecer la interacción con el sector privado y diversificar las fuentes de financiamiento. En materia de articulación público-privada, se habilita la celebración de convenios, contratos y acuerdos con empresas y particulares, así como la implementación de asociaciones público-privadas para el desarrollo de obras e infraestructura. También se prevé el uso de tierras y bienes del Instituto como activos estratégicos, que podrán ser utilizados como medio de pago, permuta o compensación, además de la posibilidad de vender terrenos o locales mediante licitación para proyectos de equipamiento y servicios.
En paralelo, el proyecto introduce mecanismos para ampliar el acceso al financiamiento. Se contempla la gestión de créditos con entidades financieras públicas y privadas, la articulación con bancos para el desarrollo de líneas hipotecarias y la incorporación de instrumentos como leasing habitacional, fideicomisos y esquemas de garantías sobre bienes del organismo. Este esquema se complementa con un mayor énfasis en el recupero de inversiones y la reinversión de recursos, con el objetivo de sostener las políticas habitacionales en el tiempo.
La iniciativa también habilita nuevas modalidades de acceso a soluciones habitacionales, como el uso, comodato o alquiler social, sin que la transferencia de dominio sea un requisito excluyente. Asimismo, plantea fortalecer la recuperación de inversiones y la reutilización de fondos para garantizar la continuidad de las políticas públicas.
Otro de los ejes es la consideración de la tierra y los bienes del Instituto como herramientas clave para la gestión, tanto en la planificación urbana como en la generación de recursos. Además, se busca dotar de mayor seguridad jurídica a mecanismos como permutas, compensaciones y daciones en pago.
En cuanto a la organización interna, el proyecto establece un modelo de gestión basado en procesos y resultados, con áreas específicas y criterios de profesionalización para los cargos técnicos. También refuerza las facultades del organismo para administrar recursos, ejecutar programas y controlar el cumplimiento de las condiciones por parte de los adjudicatarios.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a construir un sistema habitacional más equitativo y sostenible, capaz de dar respuesta a la demanda actual sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones.
