ierra del Fuego prevé concluir durante los próximos días la inscripción registral de dos terrenos ubicados en la zona portuaria de Ushuaia, una definición que podría tener consecuencias sobre la operatoria que actualmente desarrolla la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) en uno de esos espacios.
Se trata de las parcelas donde funcionan el Hospital Modular y el playón de contenedores. Una vez finalizado el trámite, ambos inmuebles quedarán formalmente registrados a nombre de la Provincia, que ya analiza cuáles serán los pasos a seguir respecto del predio utilizado para la actividad logística vinculada al puerto.
La secretaria de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, María Ángeles Arroyo, confirmó que el proceso se encuentra en su etapa final y adelantó que la firma de la escritura podría concretarse esta misma semana. En ese sentido explicó que “entendemos que ya estamos firmando la escritura esta semana” y señaló que únicamente resta completar documentación requerida por el Registro de la Propiedad Inmueble para concluir la inscripción.
Mientras el terreno donde funciona el Hospital Modular continuará afectado a la prestación de servicios sanitarios, el escenario es diferente en el caso del playón de contenedores. Allí la Provincia considera que ANPYN desarrolla actividades sobre un inmueble provincial y evalúa distintas acciones para regularizar esa situación.
Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis aparece la posibilidad de exigir una contraprestación económica por la utilización del predio. Arroyo sostuvo que “ellos están operando en un inmueble que pertenece a la Provincia” y remarcó que el Gobierno fueguino pretende reclamar una compensación por ese uso.
La definición se produce en medio del conflicto abierto por la intervención federal del puerto de Ushuaia, una situación que llevó a la Provincia a profundizar distintas acciones administrativas y legales vinculadas al funcionamiento de la terminal marítima.
La funcionaria indicó que la estrategia todavía no está cerrada y que las medidas serán evaluadas dentro de un esquema más amplio de decisiones relacionadas con la situación institucional del puerto. En ese marco, señaló que la Provincia analiza cuál es “la estrategia legal más certera” para avanzar sobre el caso.
El reclamo económico no es la única herramienta en estudio. El Gobierno provincial también evalúa otras acciones vinculadas a la utilización del inmueble, aunque busca evitar medidas que puedan afectar el funcionamiento de la actividad portuaria. Arroyo reconoció que existen distintas opciones legales disponibles, pero aclaró que cualquier decisión deberá contemplar las consecuencias que podría tener sobre la operatoria de la terminal.
“Tenemos que ver en la estrategia integral no dejar que el puerto deje de ser operativo porque quizás eso tendría alguna consecuencia que no sea favorable para la Provincia”, afirmó.
Otro de los elementos que suma tensión al conflicto es la falta de respuestas por parte del organismo nacional. Según indicó la funcionaria, la Provincia no obtuvo contestación a las consultas, notas y pedidos de informes enviados en los últimos meses en relación con distintos aspectos de la intervención.
“Ni siquiera han respondido las consultas que hemos hecho y las notas que hemos enviado”, sostuvo Arroyo al referirse a la relación institucional mantenida hasta el momento con la administración nacional.
La expectativa oficial es que, una vez completada la inscripción registral de los terrenos, el Gobierno provincial defina el camino a seguir respecto del playón de contenedores. Según anticipó la funcionaria, durante los próximos días podría conocerse una resolución sobre las medidas que adoptará la Provincia frente a una situación que considera vinculada al ejercicio de sus derechos de propiedad sobre el inmueble.
