on 139 votos a favor y 97 en contra, la iniciativa recibió media sanción que le restaba para convalidar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda, a escasos días del 30 de junio, el último día del plazo acordado con los fondos buitre.
El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.
El entendimiento con los fondos buitre adopta como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.
En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio.
Además, se incluyó una cláusula de standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
La aprobación en el Congreso nacional permite dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El miembro informante del oficialismo, el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch, aseguró que con el pago a los dos fondos buitres se buscará cerrar después de 25 años “esta herida de deshonra internacional”.
El libertario acusó al kirchnerismo de ser “irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia”, en referencia a la ley de Pago Soberano del año 2014
A su turno, el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman advirtió que se trata de “un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país”.
El economista de Patria Grande cuestionó el proceso de negociación: “El Estado argentino negoció una sentencia con fondos buitres sin saber sobre qué título estaba negociando, se enteró después”.
En tanto, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) ratificó su rechazo al proyecto de ley al sostener que “este acuerdo, con estas dos firmas (Bainbridge y Attestor), no específica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de renta generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”.
“Esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”, reprochó.
El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola ratificó que el planteo de su sector político es el de “romper con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda”.
El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, criticó que desde el Gobierno “no informaron el monto original de los bonos”, lo que hubiera permitido dilucidar si el monto de 170 millones de dólares a abonar es el correcto.
“La comparación debe hacerse con el valor de adquisición. Insisto en que hay que estudiar el perfil de la deuda y recordar que el kirchnerismo pagó las deudas reestructuradas e intereses, como incluso reconoce (el presidente Javier) Milei”, siguió.
En el discurso de cierre de La Libertad Avanza, Silvana Giudici remarcó que los dos fondos involucrados cuentan con una sentencia firme dictada por la Justicia de Estados Unidos.
Giudici explicó que el entendimiento incluye la devolución de acciones de clases A, B y D de YPF que estaban en manos de dichos fondos buitre.
Al respecto afirmó de manera contundente que la recuperación de estas acciones “va a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto”, eliminando el riesgo latente de futuros embargos sobre activos soberanos. (Noticias Argentinas)
