as modalidades de captación y explotación detectadas en la provincia cambiaron de manera significativa en los últimos años. Después de haber concentrado sus principales acciones en el cierre de prostíbulos y la lucha contra la explotación sexual, Tierra del Fuego enfrenta hoy un escenario donde predominan los casos de explotación laboral, un delito de detección más compleja que demanda nuevas herramientas de prevención e investigación.
La secretaria provincial de Derechos Humanos, Sonia Splausky, participó esta semana como representante fueguina en la Mesa Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, ámbito integrado por las provincias, la PROTEX, los ministerios nacionales de Justicia y Seguridad y organizaciones sociales, donde se analizan políticas públicas y estrategias para enfrentar un delito cuya modalidad continúa transformándose.
En ese marco, destacó que Tierra del Fuego fue una de las doce provincias que adhirieron al Programa de Restitución de Derechos para Víctimas de Trata, firmado en mayo por la ministra de Bienestar Ciudadano, que contempla asistencia integral y un beneficio económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante un período inicial de seis meses, prorrogable según cada situación.
Splausky explicó que uno de los principales cambios registrados en los últimos años es la forma en que opera el delito. "La trata ya no es más el prostíbulo y las mujeres encerradas. Esa modalidad, por suerte, fue desapareciendo y era mucho más sencilla de detectar. Ahora existen otras formas de captación, otras formas de sometimiento y necesitamos capacitarnos permanentemente para poder identificarlas", sostuvo.
La funcionaria precisó que, durante la actual gestión, alrededor del 60% de las personas rescatadas estuvieron vinculadas a casos de trata o explotación laboral. "En Tierra del Fuego, respetando siempre la confidencialidad de las víctimas, podemos decir que cerca del 60 por ciento de las personas rescatadas fueron víctimas de trata laboral o explotación laboral. El delito va mutando y eso obliga también a cambiar las herramientas con las que trabajamos", afirmó.
Según indicó, varias de las investigaciones se desarrollaron en turberas de la zona centro de la provincia y en algunos aserraderos, aunque aclaró que la información permanece bajo reserva judicial mientras avanzan las causas. Las intervenciones suelen iniciarse a partir de denuncias recibidas en la línea nacional 145 o mediante investigaciones impulsadas por la PROTEX y la Coordinación Nacional de Rescate, organismos que luego solicitan la participación del equipo provincial como punto focal.
Uno de los aspectos más complejos es establecer cuándo una situación constituye explotación laboral y cuándo configura el delito de trata de personas. "Hay una línea muy fina. Muchas veces las personas ni siquiera se reconocen como víctimas. Los indicadores pueden ser el traslado desde otra provincia, el pago con mercadería en lugar de dinero, la dependencia absoluta del empleador, el miedo o distintas formas de sometimiento. Después será la Justicia la que determine si esos elementos configuran o no el delito", explicó.
La secretaria agregó que la provincia mantiene un registro propio de intervenciones y que, aproximadamente, durante el último año se trabajó en 37 casos, incluyendo personas individuales y grupos familiares. Sin embargo, aclaró que no todas las actuaciones concluyen con una causa por trata, ya que algunas investigaciones derivan posteriormente en delitos de violencia de género o abuso. "Muchas veces la verdad jurídica no coincide con la realidad que atravesó la víctima. Puede ocurrir que una causa no prospere por cuestiones procesales, pero eso no significa que esa persona no haya sufrido una situación de sometimiento durante años. Por eso el acompañamiento posterior es tan importante y, en muchos casos, puede extenderse durante muchísimo tiempo", remarcó.
Finalmente, anunció que durante agosto llegará a Tierra del Fuego la presidenta del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata para brindar capacitaciones sobre las nuevas modalidades de captación, incluidas aquellas vinculadas a entornos digitales y otras formas emergentes de explotación. "Toda la sociedad necesita conocer los indicadores para poder identificar este delito y denunciarlo. Hoy existe mucha más trata de la que imaginamos, pero ya no se presenta de la misma manera que hace algunos años", concluyó.
