a intimación cursada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que el Municipio desocupe en 60 días el predio donde funciona el Galpón de Sal modificó el escenario que hasta ahora se discutía en el ámbito legislativo local. Si bien desde noviembre existe un proyecto para actualizar los indicadores urbanísticos de esa zona, el avance del proceso de venta obliga, según el edil, a imprimirle mayor celeridad al tratamiento de las medidas vinculadas con esos terrenos.
El concejal de Forja, Fernando Oyarzún expresó su preocupación por la decisión adoptada desde el Gobierno nacional y cuestionó que una definición de esa magnitud se tome sin participación de la comunidad ni de las instituciones locales. "El hecho de que sea de dominio nacional no quiere decir que no tenga que haber transparencia sobre cuál va a ser el destino de esa tierra. Estamos hablando de un activo muy importante para Ushuaia, por el valor que tiene esa zona costera y por la escasez de tierra que existe en la ciudad", afirmó.
El edil sostuvo que la notificación para desocupar el predio sin ofrecer alternativas al Municipio constituye una forma de avanzar sobre un espacio de importancia urbana sin contemplar las necesidades locales. Recordó que la propia AABE constató la existencia del Galpón de Sal y el uso logístico que cumple para el operativo invernal, pero aun así intimó al Municipio a reorganizar ese funcionamiento. "Son medidas que se toman de esta forma, sin consulta y sin transparencia respecto del destino que va a tener un activo tan importante. Me parece un atropello más y me hace acordar a otras decisiones que también afectaron lugares estratégicos para la ciudad, como ocurrió con el puerto", sostuvo.
Respecto del proyecto de modificación del Código de Planeamiento Urbano presentado el año pasado, Oyarzún explicó que la iniciativa continúa en tratamiento y que la discusión debe realizarse con profundidad por tratarse de una reforma de gran alcance. No obstante, reconoció que la aparición de la intimación nacional obliga a revisar los tiempos previstos. "Ahora lo urgente nos apura. Tenemos que llevar adelante un trabajo serio, pero esta situación también nos obliga a anticiparnos y analizar qué herramientas podemos utilizar desde el Concejo Deliberante", señaló.
El concejal indicó que el expediente debería analizarse principalmente en la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas, aunque también podría intervenir la Comisión de Legislación por tratarse de una modificación normativa. Admitió además que el proyecto no fue incorporado como tema prioritario en las últimas reuniones de comisión y consideró que, frente al nuevo escenario, resulta necesario acelerar su tratamiento. "Desde la presentación del proyecto hasta hoy tampoco se aceleró en las comisiones correspondientes. Pasado esto, tenemos que anticiparnos y ver qué podemos hacer desde este lugar. En eso coincido plenamente", expresó.
Para Oyarzún, la discusión no se limita a la propiedad de los terrenos sino al modelo de ciudad que se pretende consolidar. En ese sentido, manifestó su respaldo a la posibilidad de establecer restricciones urbanísticas que preserven el uso del sector independientemente de quién resulte propietario. "Estoy de acuerdo con dar esa discusión y mucho más con todo lo que tenga que ver con la defensa del patrimonio de Ushuaia. Estamos para eso. Una de las cosas que me motivó a ser concejal fue justamente defender las cuestiones que hacen a la comunidad ushuaiense", concluyó.
