a Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanzará con una investigación sobre las empresas de catamaranes que operaron en el Puerto de Ushuaia, en el marco del sumario administrativo abierto para establecer responsabilidades por el deterioro y la falta de mantenimiento que llevaron a la inhabilitación preventiva del muelle utilizado por estas embarcaciones.
En ese sentido, el organismo nacional auditará la responsabilidad de actores privados que participaron de distintos convenios vinculados con la reparación y el mantenimiento de la infraestructura y que podrían no haber cumplido con los compromisos asumidos. La revisión también alcanzará las declaraciones de pasajeros y turistas realizadas por las empresas y las iniciativas privadas que contemplaron obras menores a cambio del uso del muelle.
Al mismo tiempo, la investigación abarcará las actuaciones administrativas desarrolladas durante las gestiones anteriores a la intervención de la Dirección Provincial de Puertos. En particular, se analizarán licitaciones, contrataciones directas y permisos de uso otorgados a privados a cambio de la ejecución de obras, algunas de las cuales, según la información disponible, no habrían sido concretadas.
Llamativamente, a pesar que la temporada de cruceros 2025/2026 se desarrolló con normalidad, la ANPYN buscará reconstruir cómo se administró el muelle de catamaranes durante los últimos años y determinar qué responsabilidades corresponden tanto al sector público como a las compañías que hicieron uso de la infraestructura. Contradictoriamente, la Administración General de Puertos (AGP) hizo el monitoreo del funcionamiento de ambos muelles de Ushuaia desde hace décadas sin presentar inconvenientes. Incluso, participó de la inspección de obra de la ampliación del muelle multipropósito de Ushuaia.
En su comunicación oficial, la intervención federal del puerto de Ushuaia sostiene que el muelle continuó funcionando durante años sin obras de mantenimiento estructural y, según los antecedentes que serán analizados, tampoco existieron controles suficientes, públicos o privados, sobre la cantidad de embarcaciones que operaban ni sobre las condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad operativa.
En ese contexto, uno de los puntos que buscará determinar la investigación es qué obligaciones habían asumido las empresas beneficiadas con permisos o convenios de uso y si las contraprestaciones previstas fueron efectivamente realizadas. También se analizará si la ejecución de intervenciones menores permitió prolongar la utilización del muelle sin atender el deterioro estructural que presentaba.
Asimismo, distintos reportes internos daban cuenta de problemas de mayor gravedad, entre ellos socavones y tablestacados rotos. A pesar de esas señales, se realizaron trabajos de mantenimiento simple, como la renovación de la carpeta por donde circulaban los pasajeros, sin resolver el desgaste profundo que ya podía advertirse en la estructura y en el sostén del muelle.
Ahora, con la infraestructura preventivamente inhabilitada, la ANPYN pretende establecer la cadena de decisiones y omisiones que condujo a su estado actual. La auditoría buscará determinar no sólo las responsabilidades administrativas de las anteriores autoridades portuarias, sino también el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas privadas que explotaron comercialmente el muelle de catamaranes.
