a situación financiera de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal del ex Territorio atraviesa un escenario crítico. Según un informe elaborado con datos al mes de abril de 2026, la deuda acumulada supera los $7.050 millones, mientras persisten diez períodos de haberes compensatorios y dos aguinaldos pendientes de pago.
El documento fue elevado mediante la Nota Externa 105/2026, firmada por el presidente del organismo, comisario general retirado Héctor Ernesto Bordón, y expone las dificultades financieras que enfrenta la institución para cumplir regularmente con las prestaciones destinadas a los retirados comprendidos en el régimen territorial.
El principal componente de la deuda corresponde directamente a los beneficiarios. De acuerdo con el detalle oficial, por ese concepto se adeudan $6.874.844.855,80. A esa cifra se agregan $131.530.948,53 correspondientes a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y otros $44.603.441,74 destinados a la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSTDF).
De esta manera, el pasivo total informado alcanza exactamente los $7.050.979.246,07.
La magnitud de la deuda se explica por la acumulación de diez períodos de haberes compensatorios que no pudieron ser abonados y dos cuotas de sueldo anual complementario también pendientes. En el informe, las autoridades califican la situación como de “extrema gravedad institucional”, debido a que compromete el normal cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Caja.
Desde el organismo aclararon, además, que los incumplimientos no responden a una decisión de dejar de pagar las prestaciones. El documento atribuye la situación a una imposibilidad financiera y jurídica provocada por la insuficiencia de recursos líquidos disponibles y la ausencia de instrumentos normativos o financieros que permitan revertir el déficit estructural que afecta al régimen.
La advertencia sobre el deterioro de las cuentas no es nueva. Mediante la Resolución de Directorio 40/2026 ya había quedado formalmente expuesto el desequilibrio estructural y el estado de desfinanciamiento del sistema administrado por la Caja.
En ese contexto, el organismo dispuso que las prestaciones correspondientes a abril de 2026 fueran canceladas siguiendo un orden de prelación. El cumplimiento de esos pagos, sin embargo, quedó condicionado a la efectiva acreditación de fondos en la cuenta bancaria de la institución, evidenciando las dificultades para afrontar las obligaciones corrientes.
A la crisis financiera se suma ahora otro frente que podría incrementar la presión sobre las cuentas del organismo: la judicialización de los reclamos de los beneficiarios que todavía no percibieron sus haberes.
Según consta en el informe, actualmente existen 197 causas que tramitan ante los fueros locales y se encuentran en diferentes estados procesales. Las propias autoridades advierten que el avance de esos expedientes podría agravar significativamente el cuadro financiero e institucional.
Así, mientras se acumulan los períodos sin cancelar y crecen los reclamos ante la Justicia, la deuda ya cruzó la barrera de los $7.000 millones y deja al descubierto la profundidad del problema de financiamiento que atraviesa el régimen previsional destinado al personal policial y penitenciario y a los beneficiarios provenientes del ex Territorio.
