a decisión de iniciar un sumario sobre empresas de catamaranes y actuaciones de la Dirección Provincial de Puertos abrió un nuevo capítulo dentro de la intervención del puerto de Ushuaia. La medida volvió a poner bajo discusión el alcance de las facultades nacionales sobre una terminal que continúa siendo objeto de disputas políticas y judiciales.
El legislador provincial Pablo Villegas sostuvo que la intervención permanece jurídicamente cuestionada desde su origen y consideró que los nuevos procedimientos profundizan un conflicto que excede la administración portuaria. “Estamos en presencia de funcionarios que están actuando, a mi modo de ver, en un marco legal absolutamente objetable en términos jurídicos, constitucionales y de la organización del Gobierno Federal. Desde el primer día vengo diciendo que es una arbitrariedad muy manifiesta esa intervención del puerto de Ushuaia”, afirmó.
Villegas aclaró que desconoce los términos de los acuerdos que las empresas de catamaranes mantenían con la Dirección Provincial de Puertos y señaló que será necesario determinar qué obligaciones existían y cuál es el objetivo concreto del sumario. Sin embargo, relacionó el nuevo episodio con las consecuencias de haber aceptado inicialmente la intervención sin una oposición más amplia.
El legislador cuestionó que distintos sectores hayan relativizado quién debía administrar la terminal y sostuvo que los últimos acontecimientos deberían modificar esa posición. “Hubo gente que ha dicho que no nos interesa quién administra el puerto. También estas situaciones les tienen que resultar, con mucho respeto, como una especie de escarmiento de que hay que defender lo nuestro entre todos, porque somos los fueguinos los que tenemos el derecho de definir el marco de gestión y los objetivos de uno de los activos más importantes que tiene la provincia”, expresó.
La controversia continúa además en el ámbito judicial. Villegas indicó que existen actuaciones ante la Corte y consideró que esa vía demandará tiempo, por lo que reclamó complementar el proceso con una respuesta política entre autoridades provinciales y nacionales. “Hace falta un esfuerzo de la política y de los políticos en el más alto nivel institucional para enderezar y volver a restituir el estatus que teníamos antes de la intervención, tratando de corregir y hacernos cargo de las cosas que se venían haciendo mal, pero sin admitir una situación que representa un verdadero atropello a nuestra autonomía”, sostuvo.
Leolabs y las dudas sobre el funcionamiento del radar
La comisión investigadora que analiza la instalación del radar en Tolhuin continúa incorporando documentación y testimonios para reconstruir el proceso que permitió su radicación. Villegas señaló que la empresa mantiene distintos frentes judiciales y administrativos y consideró acreditada su intención de recuperar la autorización para operar.
Según explicó, la investigación permitió detectar gestiones vinculadas con el proyecto desde noviembre de 2021, antes de la constitución de Leolabs Argentina. “Muchas conjeturas y muchos dichos que se efectuaban en 2023 van quedando sin fundamentos o sin respaldo en la documentación que nosotros vamos adquiriendo. Lo que buscamos es reconstruir realmente cómo fueron sucediendo los hechos para que ese radar esté instalado en el corazón de la isla”, señaló.
La Dirección Provincial de Energía retiró el medidor y dejó de prestar servicio eléctrico a las instalaciones. Sin embargo, el testimonio del exsenador Pablo Blanco volvió a instalar dudas sobre una posible operación mediante otros sistemas de alimentación. La comisión prevé solicitar formalmente la intervención de la CONAE para realizar una inspección técnica en el lugar.
Villegas explicó que la intención es que especialistas nacionales acompañen a los legisladores y determinen las condiciones reales del equipamiento. Si esa participación no se concreta, la comisión evaluará solicitar autorización al propietario de la estancia para ingresar y, en caso de una negativa, recurrir a la Justicia.
El legislador también se refirió a la información conocida sobre posibles rutas marítimas de narcotráfico vinculadas con Ushuaia y consideró necesario fortalecer la cooperación entre Nación y Provincia. Planteó la necesidad de inversiones en controles, equipamiento y capacitación, pero remarcó que las investigaciones sobre tráfico de gran escala corresponden al ámbito federal.
La continuidad de la investigación sobre Leolabs dependerá además de una prórroga del mandato de la comisión, que vence a comienzos de septiembre. Villegas anticipó que buscará extender ese plazo y avanzar con nuevos testimonios, mientras también intentará acordar con el resto de los bloques una fecha para retomar las sesiones legislativas antes de fin de mes.
