l Gobierno ratificó mediante el Decreto 1526/26 el acuerdo de cierre de las concesiones hidrocarburíferas CA-12 Río Cullen, CA-13 Las Violetas y CA-14 Angostura, que establece las condiciones económicas, patrimoniales, laborales y ambientales bajo las cuales las áreas retornaron al Estado provincial.
El convenio fue celebrado con la UTE integrada por ROCH S.A., Crown Point Energía S.A., Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A. y SECRA S.A., y fija como momento de finalización de las concesiones las 17 horas del 18 de agosto de 2026.
Desde entonces, la Provincia recuperó la titularidad de las áreas y recibió los bienes sujetos a reversión. El cierre no significó el cese de la producción, ya que posteriormente se estableció una operación transitoria mientras se avanza hacia una nueva adjudicación.
El acuerdo establece además un cierre general de las obligaciones y reclamos derivados de las concesiones, pero deja expresamente dos cuestiones sin resolver. Por un lado, continúa una demanda de la UTE contra la Dirección Provincial de Energía, cuyo reclamo original fue estimado en USD 795.839,28. Por otro, ROCH mantiene el recurso administrativo presentado contra la resolución del Ministerio de Energía que rechazó su pedido de extensión de las concesiones.
Activos que pasan a la Provincia
Con la reversión, la Provincia recibió la infraestructura fija de las tres concesiones. El inventario incluye plantas, baterías, ductos, equipos y otros elementos utilizados para la explotación.
Entre los principales activos figuran las plantas Río Cullen, Río Chico, La Marina y San Luis, además de distintas baterías e instalaciones distribuidas en los tres bloques.
Los vehículos, las existencias de los almacenes y determinados stocks de producción no estaban incluidos inicialmente en la reversión. Parte de esos bienes, sin embargo, fue incorporada posteriormente como forma de pago de obligaciones de la UTE.
El Gobierno informó que el valor conjunto de las instalaciones y bienes recibidos en el proceso supera los USD 4 millones.
Deudas y pago con bienes
El acuerdo reconoce deudas de la UTE por $492,9 millones en regalías, $69,4 millones por canon y $6,9 millones por Ingresos Brutos. En conjunto, suman unos $569,3 millones.
A ello se agregan USD 450.000 por canon de superficie, unos $688,5 millones, lo que hace un total estimado en $1.258 millones.
Para cancelar las obligaciones alcanzadas por el acuerdo se prevé la entrega de vehículos, materiales, repuestos y otros bienes. Para el pago de las deudas se estableció una dación en pago por hasta USD 1,4 millones, unos $2.142 millones.
La situación de los trabajadores
Los anexos identifican 53 trabajadores vinculados a las áreas al momento del cierre. De ellos, 46 quedaron comprendidos en la finalización de las relaciones laborales y las correspondientes indemnizaciones, mientras que otros siete permanecieron vinculados a la UTE para realizar las tareas pendientes previstas en el acuerdo.
Las indemnizaciones originadas en la etapa concesional quedan a cargo de la UTE.
Los pasivos ambientales siguen abiertos
La devolución de las áreas no pone fin a las responsabilidades ambientales de las empresas. El acuerdo identifica los pasivos existentes y establece las tareas de saneamiento, remediación y abandono que debe completar la UTE.
Los trabajos tampoco se consideran terminados sólo por haber sido ejecutados. La Secretaría de Ambiente debe verificarlos y aprobarlos formalmente. Si durante esas tareas se detectan nuevas afectaciones, podrá exigir estudios o trabajos adicionales.
14 pozos pasan a responsabilidad de la Provincia
De los 39 pozos identificados para abandono, 25 continúan bajo responsabilidad de la UTE: 13 en Las Violetas, siete en Angostura y cinco en Río Cullen. Las empresas deben completar su cierre y las tareas ambientales asociadas. Hasta que el proceso finalice y sea aprobado por la Secretaría de Ambiente, forman parte de los pasivos ambientales pendientes.
Los otros 14 pozos quedan sin obligación de abandono para la UTE: nueve corresponden a Las Violetas, cuatro a Río Cullen y uno a Angostura. Esto significa que las empresas salientes quedan liberadas de realizar su futuro abandono y esa responsabilidad pasa a la Provincia.
Además, cuatro pozos de Río Cullen tienen un destino diferente. Fueron separados del listado de abandono porque está prevista su transferencia a Estancia Cullen para ser utilizados como pozos de agua.
Dos reclamos quedan fuera del cierre
A pesar del acuerdo de cierre y de la renuncia general a futuros
reclamos vinculados con las concesiones, quedaron expresamente abiertas dos controversias.
La primera es una demanda de la UTE contra la Dirección Provincial de Energía vinculada con facturas por la provisión de gas y con el IVA aplicado a esas operaciones. El conflicto se originó a partir del Decreto Nacional 751/12, firmado en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dejó sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros de la Ley 19.640 para las actividades de producción de petróleo y gas.
La situación cambió en 2017, cuando el entonces presidente Mauricio Macri dictó el Decreto 520/17, que modificó ese tratamiento para las ventas de gas natural y GLP producido en Tierra del Fuego y destinado al consumo dentro de la provincia. La medida resolvió la cuestión hacia adelante, pero no tuvo efectos retroactivos sobre las diferencias generadas durante los años anteriores, que continuaron en discusión.
El reclamo fue estimado originalmente en USD 795.839,28, equivalentes a unos $1.217,6 millones.
Según el propio acuerdo, la demanda contra la DPE cuenta con una sentencia favorable a la UTE de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La Provincia recurrió esa decisión, por lo que la causa continúa abierta y fue expresamente excluida del finiquito.
El segundo reclamo corresponde a ROCH, que mantiene vigente el recurso presentado el 12 de agosto de 2026 contra la Resolución 82/26 del Ministerio de Energía, mediante la cual se rechazó su pedido de extensión de las concesiones de Río Cullen, Las Violetas y Angostura. El acuerdo establece expresamente que su firma no implica la renuncia de la empresa a esa impugnación.
