l Municipio de Río Grande formalizó este viernes su presentación como parte interesada en la causa judicial contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, relacionadas con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion en el Atlántico Sur. La iniciativa combina el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas con la advertencia por los eventuales efectos ambientales de la actividad.
El intendente Martín Perez sostuvo que “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur” y planteó que la ciudad debe asumir también desde el ámbito judicial la defensa del ambiente, de los recursos estratégicos y de la soberanía. Bajo esa premisa, afirmó: “Defender Malvinas también es actuar”, al definir la presentación como una medida concreta para resguardar intereses argentinos.
La acción fue realizada por la Asesoría Letrada municipal ante el Juzgado Federal de Río Grande, dentro del expediente promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, junto con la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas.
Luego de la presentación, funcionarios y especialistas municipales expusieron sus fundamentos institucionales, jurídicos y ambientales durante una conferencia de prensa.
El secretario de Gobierno, el abogado Gastón Díaz, vinculó la decisión con la ubicación costera de Río Grande y con las obligaciones ambientales establecidas en la Carta Orgánica. “Para nosotros, como Municipio de Río Grande, una ciudad ribereña de la costa atlántica, es muy importante la presentación que hemos hecho ante el Juzgado Federal de Río Grande”, expresó.
Para el funcionario, el planteo excede una discusión estrictamente ambiental, dado que la acción “tiene como base el cuidado del ambiente, pero claramente tiene que ver con la cuestión del ejercicio de la soberanía”. También destacó la declaración de competencia del tribunal federal local y afirmó: “Lo que está diciendo la jueza federal es que tiene jurisdicción sobre este territorio que es argentino”.
Díaz confirmó, además, que Perez tomó contacto con otros municipios ubicados sobre la costa atlántica para informarles los alcances del expediente y explorar su eventual incorporación o acompañamiento institucional. La intención es ampliar el respaldo político y territorial a la causa, a partir de una preocupación compartida por la protección de los ecosistemas y recursos del Atlántico Sur.
El asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei, explicó que el expediente fue iniciado como una acción preventiva por daño ambiental contra Navitas y Rockhopper. Según precisó, la demanda contempla tanto la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas como la aplicación de la normativa argentina en materia ambiental y de residuos peligrosos.
El planteo judicial solicita una medida cautelar de no innovar y el cese de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas hasta que se resuelva el fondo de la causa.
Tras la presentación municipal, será el Juzgado Federal de Río Grande el que deberá definir bajo qué carácter intervendrá formalmente la ciudad dentro del proceso.
La licenciada en Ciencias Ambientales Gabriela Lucero puso el foco en las consecuencias que una eventual explotación petrolera podría generar en el área. “Son riesgos potencialmente muy graves, sobre todo lo que es la biodiversidad”, advirtió, al señalar que el espacio marítimo involucrado y la costa atlántica integran un sistema ambiental interrelacionado.
Desde el Municipio sostienen que los posibles impactos no quedarían restringidos al punto de extracción, sino que podrían alcanzar ecosistemas marinos, biodiversidad y recursos pesqueros.
Con esa posición, Río Grande busca incorporar la defensa ambiental y de los recursos naturales a su histórica reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas.
