a presencia de personal militar estadounidense en la provincia llegó a la agenda de la Cámara de Diputados ante la falta de precisiones sobre las actividades que desarrolla y las autorizaciones correspondientes. La Armada confirmó que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos participan de un intercambio en Ushuaia.
La diputada nacional por Tierra del Fuego Andrea Freites sostuvo que en la Cámara baja no recibieron información sobre esas actividades y señaló que presentó un pedido de informes y cinco solicitudes de acceso a la información pública. “La información no está”, afirmó, al explicar que busca conocer formalmente bajo qué condiciones se desarrolla la presencia estadounidense.
La legisladora aclaró que no cuestiona los intercambios entre fuerzas de distintos países, pero consideró necesario esclarecer el marco en el que se realiza el actual entrenamiento. También vinculó la preocupación con el cambio que observa en el discurso del Gobierno nacional sobre soberanía y defensa.
Otro de los puntos que analizó fue el proyecto de Presupuesto 2027. Freites aseguró que, en una primera revisión realizada por su equipo, no encontró recursos identificados específicamente para la Base Naval Integrada de Ushuaia. Aclaró que todavía resta examinar en detalle las partidas antes de establecer una conclusión definitiva.
El planteo aparece después de los anuncios nacionales sobre la reactivación de la obra. Para la diputada, será necesario determinar de qué manera quedó incorporado el financiamiento dentro del proyecto presupuestario y contrastar esas partidas con los compromisos expresados públicamente.
Freites describió además al presupuesto como fuertemente restrictivo y señaló que la oposición mantiene entre sus prioridades la situación de las universidades, la emergencia en discapacidad y el creciente endeudamiento de las familias. Sobre este último punto, indicó que el aumento de la mora también alcanza a Tierra del Fuego.
La situación del Puerto de Ushuaia constituyó otro eje de sus cuestionamientos. Freites afirmó que no existen novedades en el Congreso sobre el futuro de la intervención nacional más allá de los pedidos de informes realizados y volvió a reclamar que la terminal regrese a la administración provincial.
Según sostuvo, la intervención tiene previsto completar un año en enero y los proyectos presentados en Diputados apuntan a su finalización. La legisladora vinculó ese reclamo con el carácter estratégico de la terminal y con la nueva centralidad que el Gobierno comenzó a otorgarle a la soberanía sobre Malvinas.
En ese marco, cuestionó que los anuncios sobre la Base Naval y la defensa del Atlántico Sur convivan con decisiones nacionales que, a su criterio, perjudican a la industria fueguina. Para Freites, la política de soberanía debe expresarse también en medidas concretas sobre la producción, la infraestructura estratégica y la participación de Tierra del Fuego en las decisiones que afectan al territorio.
