l intendente de Río Grande, Martín Perez, destacó la medida cautelar dispuesta por la Justicia Federal que suspendió los actos materiales vinculados al proyecto petrolero León Marino, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal valoró la resolución de la jueza federal Mariel Borruto y reivindicó la intervención del Municipio como parte interesada en la causa promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
Perez consideró que la decisión judicial representa un avance dentro del proceso, al establecer un freno preventivo mientras se analizan los planteos de fondo sobre la explotación de hidrocarburos, la aplicación de la legislación argentina y los eventuales impactos ambientales en el Atlántico Sur. “Es una decisión importante”, expresó.
La causa se tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande, luego de que la magistrada aceptara intervenir en la demanda presentada contra las empresas. La medida cautelar no implica una resolución definitiva sobre el emprendimiento, pero impide que continúen los actos materiales de ejecución mientras avanza el análisis judicial.
Al referirse a la participación municipal, el Intendente señaló: “Desde Río Grande nos presentamos como parte interesada en esta causa porque Malvinas también se defiende así”. En esa línea, sostuvo que la discusión excede el reclamo diplomático y la conmemoración histórica, al involucrar el control de los recursos naturales y la protección ambiental.
“Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”, afirmó Perez, al remarcar que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sobre la plataforma continental argentina deben someterse a las leyes nacionales y requerir la intervención de las autoridades del país.
El proyecto León Marino prevé el desarrollo de un yacimiento offshore ubicado en aguas circundantes a las Islas Malvinas. La demanda cuestiona el avance de las compañías extranjeras sobre un área considerada parte de la plataforma continental argentina y plantea, además, los riesgos asociados a la explotación petrolera.
Perez también reconoció a las organizaciones que impulsaron la acción judicial. “Valoramos la decisión de la jueza federal Mariel Borruto y el trabajo del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que impulsaron esta acción”, expresó.
Por último, anticipó que el Municipio mantendrá su participación durante el desarrollo de la causa. “Río Grande tiene una responsabilidad en esta discusión y la vamos a ejercer. Vamos a defender nuestros derechos en cada ámbito donde sea necesario”, agregó.
