os últimos testimonios incorporados a la investigación sobre LeoLabs volvieron a poner bajo análisis qué organismos autorizaron la instalación del radar y quién tenía facultades para disponer su desarme. En paralelo, el conflicto por el Puerto de Ushuaia sumó otra controversia luego de que equipos provinciales intentaran realizar controles ambientales dentro de la terminal sin poder ingresar.
Pablo Villegas, legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino y presidente de la Comisión Especial Investigadora sobre LeoLabs, consideró que ambos escenarios obligan a revisar las herramientas de Tierra del Fuego sobre espacios estratégicos. “Yo creo que la Provincia tiene atribuciones, que se ha quedado a mitad de camino. Hay herramientas que la Provincia pudo y puede utilizar tendientes a lograr el desarme”, sostuvo respecto del radar.
La comisión recibió al exministro de Defensa Jorge Taiana y al exjefe del Estado Mayor Conjunto Juan Martín Paleo. Taiana ratificó que Defensa consideró que el radar tenía una función dual, civil y militar, pero sostuvo que su cartera no contaba con atribuciones para disponer directamente el desmantelamiento. Paleo también describió al equipamiento como una tecnología con capacidad potencial de empleo militar.
Villegas afirmó que esas declaraciones fortalecieron líneas de investigación sobre las autorizaciones otorgadas desde Nación y Provincia. “Nos ha servido para ratificar algunas ideas y algunos hechos que venimos intentando reconstruir, relacionados directamente con cómo se instaló, cuáles fueron las decisiones que se adoptaron y cuáles son las implicancias técnicas y estratégicas de ese radar”, explicó.
La autorización nacional para instalar y poner en funcionamiento la estación fue otorgada con carácter precario en noviembre de 2022, suspendida en junio de 2023 y cancelada en agosto de ese año. La comisión creada en 2026 busca reconstruir esas actuaciones y determinar eventuales responsabilidades políticas y técnicas.
También declaró el exvicepresidente del ENACOM Gustavo López. Según relató Villegas, sostuvo que el organismo no había autorizado el uso del espectro radioeléctrico y planteó verificar técnicamente si el radar continúa operativo. Ante las contradicciones existentes, la comisión pidió la intervención de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Villegas señaló que la situación operativa del radar sigue sin estar resuelta. “Le hemos pedido a la CONAE, a través de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que vengan a la Provincia y puedan certificar de una vez por todas si ese radar está en funcionamiento o no”, indicó. Explicó que existen contradicciones entre las pruebas reunidas y que la comisión busca despejar ese punto antes de cerrar sus conclusiones.
Villegas anticipó que buscará llegar a noviembre con un informe final y planteó desarrollar una normativa provincial para proteger activos estratégicos y establecer mecanismos de consulta antes de autorizar proyectos de estas características.
La discusión sobre competencias provinciales reapareció al abordar el Puerto de Ushuaia. La terminal permanece intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación desde enero por un plazo de doce meses, mientras la Provincia cuestiona judicialmente la medida. En las últimas semanas, personal del Ministerio de Producción y Ambiente solicitó ingresar para realizar fiscalizaciones vinculadas con residuos peligrosos, certificación ambiental y recursos hídricos, pero las inspecciones no pudieron concretarse. La Provincia sostiene que se trata de funciones propias de sus organismos ambientales.
Para Villegas, la respuesta debe avanzar por dos caminos. “Uno es el de las actuaciones administrativas y judiciales, que hay que hacerlas todas en defensa y respeto al ejercicio de nuestra autonomía como Estado provincial. Y a la vez, en forma paralela, una mesa de diálogo institucional”, sostuvo. También consideró que impedir los controles provinciales constituye un entorpecimiento de una función pública que podría tener consecuencias administrativas o penales.
Relató que mantuvo una conversación con el gobernador Gustavo Melella, quien le indicó que existe la posibilidad de conformar una instancia conjunta entre autoridades nacionales y provinciales para buscar una salida al conflicto portuario. Para Villegas, esa vía debe avanzar en paralelo con las acciones administrativas y judiciales.
