a Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y la Administración General de Puertos (AGP) consiguieron suspender la ejecución de la sentencia que las obligaba a brindar información pública sobre la administración del Puerto de Ushuaia. Ambos organismos apelaron el fallo que los había condenado por no satisfacer íntegramente los requerimientos formulados por representantes del Diario del Fin del Mundo y, llamativamente, el propio Juzgado Federal de Ushuaia les concedió los recursos con efectos suspensivos.
La decisión fue adoptada el 5 de noviembre por el juez federal Federico Calvete, quien dispuso paralizar la ejecución de la sentencia mientras se tramita su revisión ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
De esta manera, los organismos responsables de la intervención federal lograron postergar el cumplimiento de una orden judicial que los obligaba a transparentar información sobre contrataciones, movimientos financieros, utilización de recursos públicos, personal y condiciones operativas de la terminal portuaria.
Sin embargo, lo particularmente significativo es que la suspensión fue concedida dentro de una acción de amparo destinada, precisamente, a garantizar un derecho constitucional cuya efectividad depende de la oportunidad con la que se obtiene la información.
En consecuencia, la demanda judicial excede una discusión administrativa. Lo que está en juego es el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administran los recursos públicos y la posibilidad de que un medio periodístico acceda a documentación indispensable para investigar y controlar los actos de gobierno.
El 30 de octubre, el Juzgado Federal había hecho lugar al amparo promovido por el Diario del Fin del Mundo. En aquella sentencia, Calvete ordenó a la ANPYN y a la AGP entregar, dentro de diez días, toda la información pública pendiente y poner a disposición los expedientes administrativos vinculados con los requerimientos.
La resolución reconoció que las respuestas proporcionadas por los organismos nacionales no habían satisfecho íntegramente las obligaciones establecidas por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
No obstante, lejos de completar la entrega de la documentación, ambas entidades apelaron el 3 de noviembre y solicitaron que se suspendiera la ejecución de la sentencia.
Por un lado, la ANPYN sostuvo que había cumplido con sus obligaciones y contestó que no cuenta con mayor información sobre el uso de los fondos por la explotación del puerto de Ushuaia. Por otro, la AGP argumentó que había respondido los requerimientos y que no estaba obligada a elaborar documentación nueva ni a proporcionar información ajena a su competencia, ya que la intervención la había realizado la ANPYN y no ellos.
La respuesta judicial llegó apenas dos días después. Calvete concedió los recursos con efecto suspensivo, invocando el artículo 15 de la Ley 16.986 y el artículo 14 de la Ley 27.275.
Si bien la decisión se fundamentó en disposiciones procesales, su consecuencia resulta particularmente controvertida: los organismos condenados por no entregar íntegramente información pública consiguieron suspender la obligación judicial de proporcionarla.
Así, una herramienta concebida para garantizar una protección rápida y efectiva frente a la vulneración de derechos constitucionales quedó sometida a una nueva instancia judicial, mientras continúa demorada la entrega de los antecedentes reclamados.
La situación adquiere mayor gravedad institucional porque el acceso a la información pública constituye una herramienta esencial para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
En efecto, la Ley 27.275 establece el principio de máxima divulgación, mientras que los estándares constitucionales e interamericanos reconocen el derecho de buscar y recibir información pública como parte de la libertad de expresión.
Por lo tanto, demorar injustificadamente el acceso a documentación sobre la gestión estatal no solamente perjudica a quienes formularon el requerimiento. También condiciona la posibilidad de que la sociedad conozca decisiones gubernamentales de evidente interés público.
A ello se suma otro antecedente llamativo. Durante la tramitación del amparo, el expediente estuvo sometido a restricciones de consulta pública, una situación denunciada por el Diario del Fin del Mundo debido a que el objeto del proceso era, precisamente, garantizar la transparencia.
La sentencia del 30 de octubre había dispuesto levantar esa restricción general, manteniendo reservada únicamente determinada documentación protegida.
Sin embargo, cuando parecía que comenzaban a despejarse los obstáculos judiciales y administrativos, las apelaciones de los organismos nacionales volvieron a postergar el acceso a la información.
En definitiva, el expediente acumula una contradicción institucional: primero se restringió la consulta de una causa destinada a garantizar la transparencia y ahora se suspendió la ejecución de la sentencia que reconoció el derecho a obtener la documentación.
La paradoja es evidente: la Justicia reconoció que la ANPYN y la AGP debían entregar información, pero luego suspendió esa misma obligación a pedido de los organismos condenados.
Y en materia de transparencia, cada demora tiene consecuencias. Porque cuando la información llega tarde, también se debilitan el control ciudadano, la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada.
