El inspector general Alberto Rojas, a cargo del Servicio Penitenciario Provincial, habría presentado la renuncia como consecuencia de la escasez de recursos con que cuenta el área a su cargo y del pésimo funcionamiento de la misma.
Esto derivó en que el miércoles por la tarde se realizara una importante reunión en la capital fueguina, de la que participaron integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Hugo Zoraide, el Director del Servicio Penitenciario, Dr. Alberto Rojas, y el juez de Ejecución de Penas, Dr. Pablo Bramatti, como así también el Dr. Gustavo Ariznabarreta. Si bien la reunión fue convocada por un motivo menor, concluyó en el tratamiento de un problema que ya casi es insostenible.
Al parecer, Rojas habría indicado que no sólo afronta problemas edilicios, sino también de recursos humanos, como ser profesionales de la Salud para la atención de los internos. Además existirían algunos problemas con los mismos efectivos penitenciarios que responden a Rojas que no alcanzarían para la población carcelaria. Si bien el problema no es de "hoy" es una problemática que se viene gestando desde que había una simple alcaidía.
Ahora bien, el juez de Ejecución de Penas, Dr. Pablo Bramatti, elevó un informe donde se detallan cada una de las falencias que existen dentro del Penal. De este escrito, uno fue enviado al Superior Tribunal de Justicia, otra al mismo Director del Penal, y otra al Poder Ejecutivo, por lo que se esperan prontas soluciones, ya que inclusive, en la jornada de mañana viernes, los internos, al menos en Río Grande, no tendrían la provisión de alimentos necesaria.
A todo esto se debe sumar, la falta de fondos, de personal para tareas corrientes y que la constante desatención por parte del Gobierno ha generado que el peculio que perciben los detenidos sea permanentemente mal liquidado. Inclusive, en el mismo escrito consta que las autoridades del Servicio Penitenciario se ofrecieron a llevar adelante la labor.
Toda esta serie de falencias graves que ocurren día a día dentro de las unidades carcelarias, y que sólo trascienden cuando la situación está al borde del colapso, ya son sabidas parte de los funcionarios a quienes les corresponde brindar una solución, sin embargo, pareciera esperan a que ocurra un hecho más grave para intervenir en el asunto.