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urante la última reunión de la comisión Investigadora del Concejo Deliberante, que se llevó adelante el martes pasado, el cuerpo de ediles recibió tres notas elaboradas por la secretaria de Gobierno municipal Patricia Bertolín, la secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana Viviana Guglielmi y el subsecretario de Servicios Públicos Hugo Cano respectivamente, a modo de respuesta al pedido de informes elaborado por los concejales, referente a los motivos que generaron la denuncia penal contra el escribano José Lorenzo y la doctora Marcela Fontenla.
Cabe recordar que ambos profesionales fueron removidos de su cargo en el mes de abril, a partir de presuntas “actuaciones irregulares”, en el marco de los expedientes de entrega de predios fiscales al propietario de las firmas Sulfaniquel y Rectificadores Fueguinos, Carlos Raso.
Guglielmi: “No hubo falta de interés, sino exceso de confianza”
El escrito presentado por la Titular de Desarrollo Urbano manifiesta que el contenido del Acta de Manifestación y Compromiso, tanto como la Escritura Pública, no resulta favorable para el Municipio, en virtud de que “aún cuando el señor Raso reconoce la propiedad del Municipio sobre el predio, en otra cláusula queda comprometida la titularidad de dicho predio a favor del empresario, condicionada al cumplimiento de la ejecución de un nuevo proyecto”. Asimismo, Guglielmi afirmó que tomó conocimiento de la existencia de un acuerdo desde el momento de la iniciación de las conversaciones al respecto, ya que el Subsecretario de Gestión Urbana “me puso al tanto de que se estaba llevando adelante una negociación con el señor Raso para la recuperación del predio municipal y la utilización de las mejoras en él implantadas”, por lo que “di por sentado que los términos serían similares a aquellos que veníamos realizando hasta el momento. No hubo falta de interés, sino exceso de confianza”.
“Los motivos que llevaron a efectuar la denuncia fueron compartidos e incluso ampliados por el Fiscal al efectuar la requisitoria que dio lugar a la instrucción de la causa penal”, especificó, para agregar que “si bien se manifestó expresamente el reconocimiento de la propiedad del predio a favor del Municipio, ante el incumplimiento de un proyecto por parte del firmante, el Municipio quedó comprometido a transferir esta titularidad, cosa que sin duda puso en riesgo el patrimonio municipal”.
Por su parte, la doctora Bertolín señaló en la nota presentada ante los ediles, que “si el adjudicatario reconoce expresamente la propiedad del predio en cabeza de la Municipalidad no se recurre a la justicia; este no era el caso, puesto que en la cláusula séptima del Acta y de la Escritura se plasma la intención del señor Raso de reclamar la extensión del título de propiedad si se cumplían determinadas condiciones”, afirmando además que si había elementos, hechos o conductas que permitieron impulsar una investigación para determinar la existencia de un ilícito, “era una obligación legal ineludible para los funcionarios que firmamos la denuncia hacerlo, sólo nos limitamos a cumplir con la obligación que nos impone el artículo 165 del Código Penal, efectuando la denuncia sobre los hechos y no sobre los funcionarios”. Bertolín aclaró también que “la individualización se efectúa recién en la requisitoria fiscal, pues es dicho funcionario quien tiene la titularidad de la acción pública penal”.
Cano: “No tengo ninguna relación con el señor Raso”
El subsecretario de Servicios Públicos, Hugo Cano, respondió al pedido de informes de los concejales a partir de que se solicitara indicar cuál fue su intervención en las negociaciones con el empresario Carlos Raso, tras haber sido sindicato como participante activo por los funcionarios municipales. Al respecto, el Subsecretario aseguró que “no tengo ninguna relación con el señor Raso, sólo me limité a que pudiera tener la entrevista que había pedido y a atenderlo las veces que me lo solicitó para preguntarme cosas que la verdad yo no lo podía contestar y sólo me limitaba a decirle que hablara con Fontenla o con Lorenzo, porque ellos estaban con el expediente de Rectificadores”, y agregó que “yo nunca tuve ese expediente en mi poder”.
“Hasta ahora entiendo que no hay ningún proceso iniciado, sólo un pedido de la jueza al fiscal para que determine si corresponde, por eso entiendo que no había nada que apelar, hasta tanto el fiscal no resuelva iniciar una investigación”, indicó Cano, en referencia a la situación actual de la causa. “En ese caso me voy a presentar a dar todas las respuestas correspondientes y si es necesario ejercer todas las defensas que hagan falta”, concluyó.
En diálogo con EDFM, el concejal Luis Cárdenas se refirió a las notas recibidas el martes durante la reunión de la comisión Investigadora. “Mientras se realizaba la comisión investigadora, tome conocimiento de que estos funcionarios habían entregado sus respuestas, por lo que estamos realizando el análisis correspondiente”, explicó, y destacó que “preliminarmente, puedo decir que hay algunas cuestiones en que no me satisfacen las respuestas dadas, me parece que se contrastan con lo reseñado en el marco de la comisión, por parte de la Secretaria de Gestión Urbana y el subsecretario Jorge Ontivero”.
Finalmente, Cárdenas afirmó que “nos preocupan las consecuencias que pueda haber a partir de la denuncia, ya que son funcionarios y están representando al Ejecutivo Municipal”. “Ante cualquier situación en desmedro de la administración municipal, todos los vecinos de la ciudad vamos a tener que hacernos cargo de este mal proceder de los funcionarios”, concluyó.
