Por Guillermo Worman

El proceso de construcción de poder del ex ARI para llegar a la gobernación de Tierra del Fuego incluyó la elección de 15 personas en total: Fabiana Ríos y Carlos Bassanetti; Leonardo Gorbacz y Nelida Belous; José Martínez y María Rosa Díaz: Manuel Raimbault, Roberto Croccianelli (reemplazado posteriormente por Osvaldo López), Verónica De María, Elida Deheza, Marcelo Fernández y Fabio Marinello. También José Verdile, Marisa Montero y Gustavo Longhi. Diez de estos representantes electos se alejaron del gobierno por distintos motivos, personales y políticos. Sin embargo, nunca existió una explicación seria hacia el electorado que los votó. Como si no tendría que rendirse cuentas a la comunidad –particularmente a los votantes– sobre actos políticos de tamaña envergadura.
Este gobierno –o cualquiera que realice una ruptura semejante– no es el mismo que los electores colocaron en el poder. Sólo un tercio de los votados son parte del gobierno que toma decisiones por la totalidad de los habitantes de Tierra del Fuego.
El gobierno actúa convencido que sus resultados son muy superiores a la percepción de la ciudadanía, y que se comunica mal todo lo bien que se hace. Por lo tanto, ajustando el cartero, se mejora el mensaje.
Nuestras democracias siguen siendo un sistema de gobierno con baja calidad. Es decir, las personas electas tienen la sensación que pueden hacer lo que entienden conveniente para todos, aferrados únicamente al resultado de las siguientes elecciones. Mientras tanto se cumple el dicho de “actuar con un cheque en blanco en la mano”.
En el medio, justo cuando se gobierna sobre los demás, parece haber una suerte de zona liberada para tomar decisiones inconsultas y no rendir cuentas más allá de las obligaciones institucionales. A los electores sólo se los busca y explica cuando se los necesita nuevamente: en la previa de la próxima elección. Por lo tanto, sólo estamos ante un vínculo de conveniencia, casi utilitario.
Todo llamado a elección constituye la formulación de un acuerdo entre postulantes y electores. Se plantea la firma de un contrato muy difuso en donde, hipotéticamente, los ciudadanos entregan su voto –por ende el poder soberano– y los gobernantes se comprometen, como mínimo, a cumplir con las plataformas electorales.
Toda esta situación tiene muchas consecuencias públicas. El voto es un depósito de confianza en una propuesta institucional. Es casi un acto de fe, en donde se espera que los candidatos cumplan sus compromisos; una cita a ciegas, en donde uno espera que no pase lo peor y que lo mejor se cumpla. El nivel de cumplimiento entre lo comprometido y lo cumplido marca, de alguna manera, al funcionamiento de la comunidad. Es decir: si la palabra vale algo en sí misma. La construcción de confianza tiene relación con mucho de esto.
Hace tres años los ciudadanos fueguinos fueron invitados a las urnas para transferirles poder a las distintas formulas que se presentaron. Desde entonces, aquel acuerdo se ha ido desgranando, poco a poco. Hoy, todo aquello que se votó es un desdibujo de la propuesta original.
La legalidad del gobierno no está en duda, aunque su legitimidad dependerá de las explicaciones que el electorado tiene derecho a recibir y el gobierno, cada vez más vacío de personas votadas, tiene la obligación de dar.
El silencio sólo indicará que desde la cúspide se piensa que la comunidad, a la que se llama a votar y se intenta seducir, no está capacitada para entender decisiones que pocos o nadie explica.