Parece que 2011 se convertirá en el año en que definitivamente Tierra del Fuego dé un salto de calidad institucional en materia electoral, ya que el Ejecutivo fueguino parece estar dispuesto a avanzar en la implementación del voto electrónico para las elecciones provinciales del próximo año.
De acuerdo a la información difundida por la Secretaría de Comunicación Institucional de la Provincia, “la gobernadora Fabiana Ríos convocó a una reunión para la próxima semana, para el miércoles 1 de septiembre, a los intendentes de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con el objetivo de aunar criterios para la implementación en las próximas elecciones provinciales del sistema de voto electrónico”.
En función de lo sustentado públicamente por el intendente de Ushuaia, y de la solicitud remitida al Concejo Deliberante, su pretensión es que en la capital fueguina el sistema se implemente para la elección municipal. Incluso trascendió que al efecto Federico Sciurano ya está manteniendo conversaciones con las empresas ALTEC y ALPHA, que fueron las que proveyeron las urnas electrónicas para la última consulta popular. En el caso de Río Grande, el uso de esta herramienta está siendo analizada por el cuerpo deliberativo para incorporarla dentro del futuro código electoral de aquella ciudad.
Da la impresión entonces que habrá voluntad política mayoritaria para poder concretar la iniciativa, claro que para que ello pueda convertirse en realidad hace falta que la mayoría de los legisladores compartan ese mismo criterio ya que es necesario, para implementar el voto electrónico en elecciones provinciales, modificar la ley electoral.
Podría considerarse que los representantes parlamentarios del bloque del ARI respaldarán la postura de la Gobernadora y que otro tanto sucedería con el radical Pluis, por lo que la última palabra en el tema la tendrían los legisladores del MPF, FPV y Movimiento Obrero.
Es de tener en cuenta que el costo económico de montar el operativo de votación electrónica no resulta excesivamente alto, ya que con una inversión del orden de los 600 mil pesos se solventaría el alquiler la totalidad de las urnas necesarias y demás gastos derivados del sistema, lo que por otra parte podrían ser afrontados total o parcialmente por el ministerio del Interior. Como ya ha quedado demostrado en las consultas populares realizadas en la capital fueguina.