El Consejo Provincial de la Magistratura iniciará mañana a las 10 el segundo jury de enjuiciamiento contra un magistrado que se realiza en la historia de Tierra del Fuego.
Los integrantes del organismo constitucional que se dedica a la selección y remoción de los jueces se constituirán en la sala de audiencias Conrado Witthaus del edificio de Tribunales de Monte Gallinero, para llevar a cabo el jury impulsado contra el juez Electoral y de Registro de la Provincia, Horacio Rubén Maffei, a quien acusan de presunto mal desempeño del cargo por la ocupación irregular de terrenos fiscales en la zona de Almanza.
Fuentes del Consejo informaron a EDFM que el tribunal estará compuesto por el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, el presidente del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume, los legisladores Ricardo Furlan (del Frente para la Victoria) y Mónica Urquiza (del Movimiento Popular Fueguino) y los consejeros abogados Carlos Andino y Clemente Vidal Oliver, mientras que el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, cumplirá el rol de fiscal acusador y Roberto Kádar oficiará como secretario letrado.
Por su parte Maffei será defendido por el abogado Enrique Vallejos, ex ministro de Gobierno durante la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.
El proceso tendrá varias similitudes con un juicio oral y público, y de hecho podrá ser presenciado por la prensa y las personas comunes que se acerquen hasta la sala de audiencias.
Una vez abierto el debate, el fiscal Aramburu expondrá la acusación contra el magistrado y con posterioridad comenzarán las declaraciones y testimonios propuestos por las partes.
En los juicios penales, el acusado es llamado a prestar declaración indagatoria antes de escuchar a los testigos. Puede negarse a declarar sin que ello se pueda considerar como presunción en su contra. Se desconoce aún si en este caso será similar y si Maffei aceptará declarar.
El Consejo programó hasta el momento dos jornadas completas de procedimiento, el jueves 9 y el viernes 10. Se estima la citación a una decena de personas involucradas directa o indirectamente con el motivo de la acusación. Los testigos están obligados a concurrir porque les caben las mismas penas que establece el Código Procesal Penal en caso de rehusarse.

Cuestión de tierras

La denuncia contra Maffei fue presentada en agosto de 2007 por el entonces candidato a intendente de Ushuaia por el partido 26 de Abril, Adrián de Antueno.
El dirigente tomó esa actitud luego de que funcionarios del área de Planificación y Ordenamiento Territorial, durante la gestión del ex gobernador Cóccaro, confirmaron públicamente que tanto el juez como el ex prosecretario legal del mismo juzgado, Ricardo Climent, estaban vinculados con la ocupación irregular de terrenos fiscales en Almanza. Climent de manera directa mediante la ocupación de unas veinte hectáreas, dijeron los funcionarios, y Maffei a través de su esposa, quien habría adquirido unas mejoras “sin autorización y está intimado a desalojar” porque lo actuado constituye “un procedimiento irregular dentro de la normativa vigente”, sostuvo en 2007 Graciela Sorhanet, directora de Planificación y Ordenamiento Territorial.
En octubre del mismo año, y ya en el marco de una polémica pública, el Consejo resolvió abrir una investigación que dio lugar al expediente N°70/07.
En forma paralela, el Superior Tribunal de Justicia le remitió al organismo la resolución 148/07 mediante la que se informó el inicio de un sumario administrativo contra ambas funcionarios judiciales. La Corte advirtió allí que la ocupación irregular de tierras “resultarían cuestionable” máxime cuando “es un tema preocupante en nuestra provincia”.
Por esos mismos días, Maffei realizó fuertes declaraciones públicas en las que cuestionó a los jueces del Superior Tribunal, la Asociación de Magistrados y varios dirigentes políticos. Ello dio origen a otro pedido de jury que se tramita en forma separada y que en la actualidad está suspendido debido a la vigencia de una medida cautelar presentada por el denunciado.
El anterior jury de enjuiciamiento realizado en Tierra del Fuego culminó con la destitución del entonces juez de Familia y Minoridad de Río Grande, Raúl Velazco.