E
l derrape del escrutinio chubutense arrasó la imagen positiva de los procesos electorales y puso en tela de juicio los resultados del evento de mayor importancia dentro del sistema democrático. La próxima elección provincial salteña aparece como una oportunidad para revertir el deterioro logrado con las incontables desprolijidades que se difunden desde la provincia gobernada por el gobernador Mario Das Neves y recobrar la necesaria confianza que precisa cualquier proceso eleccionario. En estos casos, por la importancia del asunto; la calidad del proceso es idéntica a la del resultado.
Algo similar, con mucha menor repercusión, había ocurrido en Córdoba, cuando el actual senador nacional Luis Juez denunció hechos similares, con la diferencia sustancial que el juecismo no logró el eco mediático necesario en sus planteos.
La arena política local anticipa una elección en donde los principales candidatos definirán, por una escasa diferencia de votos, el binomio que conducirá la administración del Gobierno Provincial. Teniendo en cuenta los presentimientos a la fecha, la elección fueguina también estará cargada de fuertes tensiones hasta la producción del veredicto ciudadano que determine los nombres que ocuparán los cuatro poderes ejecutivos y la asignación de bancas para cada partido en los estamentos parlamentarios.
Las consecuencias del abierto boicot a utilizar los beneficios del voto electrónico se verán en cuanto se cierren los comicios y dé inicio el extendido proceso de contabilizar cuatro estamentos gubernamentales, junto con la cantidad de tachas y preferencias que ha recibido cada una de las listas que ha obtenido bancas en la Legislatura y en los Concejos Deliberantes. Allí, por sobre todo, las autoridades de mesa recordarán la desacertada decisión de los legisladores que, después de largas declaraciones sobre la informática electoral, terminaron dejando todo tal cual como estaba. Así, el porcentaje del piso de las tachas sigue inutilizando el derecho constitucional que asiste a los electores de modificar el orden de las actuales listas sábanas y los proyectos para incorporar el voto electrónico terminó por ser una distractiva cortina de humo legislativa.
El sistema electoral local tiene un doble componente de complejidad. Por un lado, el Consejo de la Magistratura resolvió destituir al único Juez Electoral en los meses previos a una elección sumamente trascendente, pese a contar con las acusaciones con años de antelación. Así, el juez subrrogrante, Alejandro Fernández tiene la pesada carga de administrar la totalidad de las tensiones electorales que se ponen en juego en el 2011.
El segundo escollo es que la elección la llevan adelante autoridades y empleados judiciales con cientos de ciudadanos que ejercerán como autoridades de mesa. Estos últimos son la clave durante la elección y tienen la importante carga de lidiar con los fiscales partidarios y controlar la calidad del proceso de cada una de las urnas. Por ejemplo, muchas de las denuncias que llueven en Chubut parecen ser errores cometidos por quienes tenían la responsabilidad directa sobre determinadas mesas de votación.
A pesar de lo complejo que parece el escenario del 26 de junio todo puede simplificarse en la medida de que existan consensos mínimos entre los distintos sectores que trabajarán activamente en la elección. Las Juntas y el Juzgado Electoral pueden promover algo similar a un ¨Fair Play¨ electoral en donde impere el juego limpio para terminar de conocer los resultados del comicio. También establecer un claro y objetivo método de trabajo con los medios de comunicación, que cada vez más funcionan como espacios de intermediación popular, de manera de contribuir a la transparencia del proceso. Por último, anticiparse en el cronograma electoral y realizar un sistemático trabajo de capacitación con las autoridades de mesa que trabajarán en los puntos electorales.
Puede que allí se aprecien las diferencias entre accidentes e imprevistos. Los primeros podrán ser hechos que surjan más allá de todo recaudo, mientras que los segundos dejarán al desnudo falencias que podrían haberse evitado.
Más allá de la organización electoral, la comunidad fueguina tiene una nueva oportunidad de mostrar el grado de madurez institucional para trabajar sobre un evento tan extraordinario como importante para el funcionamiento de la organización democrática.
El mismo día en que Misiones y Tierra del Fuego decidan su futuro político institucional expondremos ante el país en su conjunto qué clase de comunidad somos y cuánto respeto tenemos por el sistema de gobierno que tanto proclamamos defender para nosotros y las generaciones siguientes.
