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a Justicia Federal de Ushuaia ya tiene en su poder los resultados de una pericia definitiva relacionada con la supuesta presencia de residuos peligrosos enterrados sobre la costa de Ushuaia, en predios donde empresas privadas le ganaron espacio al mar.
Fuentes judiciales confirmaron ayer a EDFM que el estudio encargado a un laboratorio especializado en el tema será remitido ahora a un investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para que elabore un informe final sobre la situación.
Con ello, la Justicia tendrá los elementos suficientes para definir la presunta existencia de delitos ambientales y eventualmente para llamar a indagatoria a los responsables de la contaminación.
La denuncia fue radicada a fines del año pasado ante la Fiscalía Federal a cargo de Juan Soria, y dio lugar a catorce allanamientos que se realizaron el 6 de diciembre de 2010, para obtener muestras de los terrenos cuestionados.
El expediente judicial analiza entonces una posible violación a la ley nacional 24051 de residuos peligrosos, e involucra a varios de los empresarios responsables de haber efectuado los rellenos a lo largo de unos dos kilómetros de extensión, sobre la costa del Canal Beagle.
La investigación comenzó tomando como base un informe preliminar realizado por profesionales del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) que reveló la presencia de poderosos contaminantes adheridos a moluscos recogidos en el lugar.
De acuerdo a ese estudio, se sospecha la presencia de al menos seis sustancias de tipo cancerígeno, entre ellas Policloruro de Bifenilo, conocido como PCB, característico del aceite utilizado para la refrigeración de transformadores eléctricos y considerado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como uno de los doce contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano, cuyo uso está prohibido en casi todo el mundo.
También se especula con la aparición de cobre, zinc, plomo y otros metales en condiciones de producir contaminación.
La ley 24–051 no sólo prohibe el entierro de este tipo de sustancias sino que pena con prisión a los responsables de hacerlo, lo que otorga aún mayor gravedad a lo ocurrido.
Rellenos en la mira
En el megaoperativo judicial realizado en diciembre pasado participaron integrantes de Gendarmería Nacional, profesionales del CADIC y personal del Municipio a cargo de una retroexcavadora.
Los procedimientos tuvieron lugar entre el Arroyo Grande y la ex empresa Reciclar. Se trata de la misma zona donde EDFM reveló que el empresario Arturo Pastoriza no solamente rellenó con basura y escombros una superficie estimada en dos hectáreas, sino que le alquiló ese predio a la empresa Patagonia Logistic Solution, representante de la Hamburg Sud en Tierra del Fuego, para depositar contenedores a cambio de 36 mil pesos por mes.
La comitiva de la Justicia ingresó a los catorce predios con el objetivo de tomar en cada uno, tres muestras distintas de terreno. Para ello, la retroexcavadora efectuó pozos de entre uno y dos metros de profundidad y todo el trabajo fue supervisado por una experta del CADIC, quien además tomó muestras de otras sustancias de origen dudoso que podían observarse escapando de tambores abandonados o recipientes similares.
Las muestras de relleno fueron comparadas con fragmentos de terreno original del lugar.
“Cuando la pala mecánica regresaba del interior relleno se podía ver mucha basura, tachos de aceite, material de construcción, baterías de auto y hasta chatarra de vehículos”, sostuvo una de las personas que presenciaron aquel operativo.
Durante los allanamientos, los encargados de estos lugares tendieron a remarcar que los que habían rellenado habían sido otras personas, y no ellos ni sus empresas, aspectos que deberán ser dilucidados si la investigación prospera.
El abogado Andrés Napoli, experto en derecho ambiental, integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y litigante en la causa por la contaminación del Riachuelo de Buenos Aires, había calificado de “grave” la situación, mientras que Guillermo Worman, miembro de la comisión asesora del Plan de Manejo Costero había destacado que la investigación judicial servirá para “deslindar responsabilidades, de modo que aquellos que no rellenan ni contaminan sean tratados distinto de los que sí lo hacen”.
Por su parte el concejal José Luis Verdile, de Encuentro Popular, realizó una presentación en la misma causa el 28 de febrero de este año, en la que agregó como un hecho nuevo la contaminación que produce en el Canal Beagle la falta de funcionamiento del dispersor marítimo cloacal ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto de Ushuaia, lo que ocasiona que la mayor parte de los desperdicios que circulan por allí salgan a la superficie del mar a pocos metros de la costa.
