El abogado Manuel Raimbault aseguró que resulta ilegal el planteo formulado desde el Poder Ejecutivo, en cuanto a la posibilidad de dejar de liquidar a los empleados públicos la suma remunerativa no bonificable de 400 pesos acordada para el último trimestre del año pasado. Incluso señaló que esa decisión no podría adoptarse ni aún cuando el gremio de ATE resolviera rechazar la oferta salarial presentada el miércoles por las autoridades gubernamentales.
El ex legislador de Encuentro Popular precisó que por vigencia del principio de ultraactividad “los convenios cuando caen siguen vigente hasta tanto se haga un nuevo convenio que lo supere, porque nunca las condiciones pueden ser peor para el trabajador”, por lo que afirmó que “lo que está haciendo el Gobierno es poner en crisis ese principio, y me sorprende que los sindicatos no le pongan un poco de freno a eso”.
Haciendo un poco de historia refirió que en “nefasta década del 90” se modificó en el país la legislación laboral para, justamente, dejar sin efecto el principio de ultraactividad. Pero precisó que esa “gran conquista de la década del 90 y del neoliberalismo, afortunadamente se terminó y se volvió sobre los pasos en materia de legislación laboral, por lo que hoy tenemos ultraactividad garantizada, incluso por convenios internacionales, por lo que una conducta que termina por negar ese derecho central de los sindicatos en materia de convenios colectivos es absolutamente ilegal”, lo que lo llevó a interpretar que “el Gobierno está fuera de época”.
Dijo también que la posibilidad de “reducir sueldos es un criterio que afortunadamente nuestra Corte modificó hace muchos años”.
Sin bien reconoció que la posibilidad esbozada, en tal sentido por el Ejecutivo, “es una estrategia de negociación colectiva que puede resultar inteligente, en la medida que alguien en la mesa de negociación no plantee que eso no se puede hacer porque es ilegal” en la práctica resulta inaplicable, aún para el caso de una mejora salarial dada por un trimestre. “La legislación aplicable es la misma” por lo que la eventual reducción “sencillamente es ilegal”.
Al margen de estas consideraciones legales, Raimbault también hizo una lectura política del marco en que se está dando la negociación salarial con ATE. “En este contexto nacional, con los niveles de inflación, que una provincia empiece a amenazar con reducir sueldos es un punto de alarma para los sindicatos”.