E
l fiscal de Estado de la provincia, Virgilio Martínez de Sucre, continúa una causa civil que persigue un resarcimiento económico, contra la esposa e hijos del ex senador José Carlos Martínez, fallecido el 7 de julio del año pasado durante un accidente automovilístico.
El funcionario se considera injuriado por declaraciones realizadas por el ex legislador nacional, hace casi una década, y por eso inició una demanda por “daños y perjuicios” que actualmente se encuentra para resolver en el Superior Tribunal de Justicia.
Sin embargo, producida la muerte de Martínez tras un choque frontal en la Ruta 3, el Fiscal no desistió de la acción y la continúa en nombre de los herederos del ex referente de Encuentro Popular, informaron fuentes ligadas al caso.
De este modo, la esposa de Martínez, Verónica Scardino, representándose a ella misma y a su hija menor de edad, además de otros tres hijos mayores de la pareja, debieron presentar un escrito ante la Corte fueguina, fijando domicilio y demostrando con documentos la relación familiar, para que la causa Civil pudiera continuar su curso.
Según las fuentes, si el juicio quedara firme a favor de los intereses de Martínez de Sucre, el monto indemnizatorio de 20 mil pesos más los intereses de diez años (solicitado por el demandante) debería ser abonado con la herencia que corresponda a la familia de Martínez, de acuerdo a un juicio de sucesión que ya fue iniciado en Río Grande.
El caso y la libertad de expresión
La causa en la que el Fiscal de Estado sigue litigando, ahora, contra la familia del ex senador fallecido, corresponde al expediente 1466/2010 STJ, caratulado “Martínez de Sucre, Virgilio Juan c/ Martínez, Carlos José s/ daños y perjuicios”.
La demanda fue presentada ante el Juzgado Civil y Comercial de Ushuaia, a cargo de la jueza Adriana Rapossi, y se basa en declaraciones públicas que realizó Martínez en el contexto de una presentación de pedido de juicio político contra el Fiscal, por presunto mal desempeño del cargo, realizada ante la Legislatura de la provincia.
En esencia, la circunstancia es similar a la de otra demanda que efectuó Martínez de Sucre contra la Asociación Participación Ciudadana, y que derivó en un pronunciamiento de la jueza Rapossi calificado de “insólito” y de “limitante del derecho a la libertad de expresión” luego de que lo difundiera EDFM semanas atrás.
Ese pronunciamiento condenó a la Organización No Gubernamental (ONG) al pago de diez mil pesos más los intereses acumulados durante diez años por “daño moral” a raíz de las críticas formuladas por la entidad contra el mismo funcionario público, en idéntico contexto que la demanda contra Martínez.
Pero mientras el fallo contra la ONG se conoció hace pocos días, y acaba de ser recurrido ante la Cámara de Apelaciones, el caso Martínez tuvo una primera resolución el 29 de agosto de 2008, también favorable a la petición del Fiscal de Estado.
Igual que en la causa de Participación Ciudadana, la jueza Rapossi consideró lesionado el “honor” del demandante por las críticas del ex senador vinculadas con un “pacto de impunidad”, la acusación de “no haber actuado legalmente”, o haber sido “cómplice” de “los grandes intereses corporativos, políticos y económicos que vaciaron la provincia”, entre otras declaraciones de igual tenor.
Según la defensa de Martínez en ese juicio, la jueza “subordinó dogmáticamente el derecho a la libertad de expresión al derecho al honor e intimidad, sin dar una razón valedera para ello, en clara contradicción con los alcances que la libertad de pensamiento y expresión tiene en nuestro sistema de Derecho”.
Otro dato significativo es que, como también ocurrió en el caso de Participación Ciudadana, la jueza no evaluó la verdad o falsedad de los dichos de Martínez, por lo que, según la defensa, “se ha procedido a censurar toda opinión crítica a la gestión pública llevada adelante por el Fiscal de Estado, imponiendo con ello una restricción indebida a la libertad de expresión”.
Sin embargo, en este caso, la Cámara de Apelaciones convalidó lo actuado en primera instancia por la jueza Rapossi, al sostener que los dichos del senador fallecido forman parten de la categoría de opiniones “inútilmente vejatorias”.
Es por ello que el fallo fue recurrido una vez más, a través de un recurso de casación, ante el Superior Tribunal de Justicia, instancia en la que se encuentra actualmente con la particularidad de que es la esposa y los cuatro hijos de José Martínez, quienes deben hacer frente a las consecuencias del litigio.
