E
l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, indagó el lunes a los seis detenidos como consecuencia del megaoperativo por presunta trata de personas que tuvo como eje el local nocturno “Black and White”, y que involucró a cincuenta efectivos de Gendarmería Nacional durante la madrugada del pasado viernes 27 de abril.
El magistrado se disponía a resolver si hacía lugar o no a los pedidos de excarcelación planteados por la defensa de los acusados (dos hombres y cuatro mujeres) en función del grado de participación que habría tenido cada uno en la supuesta organización dedicada al reclutamiento de mujeres para ejercer la prostitución.
A raíz del procedimiento, las autoridades tomaron declaración testimonial a unas quince alternadoras, aunque un grupo más reducido (entre tres y seis) serían las que se investiga si estaban siendo sometidas a condiciones penadas por la ley de trata, precisaron fuentes policiales ligadas a la investigación.
El operativo desarrollado a partir de las 3 del viernes incluyó varios allanamientos simultáneos, uno de ellos en el interior del conocido local nocturno de la ciudad ubicado en la calle Antártida Argentina 173. Allí se dirigieron una treintena de gendarmes acompañados por funcionarios de la Fiscalía Federal. Los efectivos se dividieron en dos grupos y llegaron al local, provenientes tanto de la calle San Martín como de Deloqui.
Por orden de Calvete, las autoridades allanaron además otro cuatros domicilios y requisaron tres automóviles: un Peugeot 408, un VW Gol Trend y un Fiat Uno, en busca de mayores elementos de prueba.
Los detenidos fueron identificados como Víctor Antonio Morales, sindicado como el responsable de “Black and White”, Mauro Luciano Morales Ledesma, Cristina Patricia Ramírez, María Cristina Ledesma, Daniel Alejandra Morales Ledesma y Mirta Jorgelina Pulgia.
El caso adquirió de inmediato gran repercusión nacional y sus entretelones fueron publicados por medios como la agencia de noticias Télam, y los diarios Clarín y Página 12, además de medios gráficos y electrónicos del interior del país.
Vengo por el aviso
Según se informó, la Justicia investiga si este grupo de personas convocaba a las jóvenes mediante avisos clasificados en los diarios, prometiéndoles trabajo en Ushuaia, para una vez llegadas a la ciudad retenerles sus documentos y encerrarlas en distintos domicilios hasta obligarlas a la prostitución.
Algunas de las jóvenes habrían logrado huir de los sitios de encierro y denunciado lo ocurrido antes las autoridades, dijeron las fuentes policiales consultadas.
Durante la investigación realizada por la Fiscalía Federal de Ushuaia con el apoyo de fuerzas de seguridad, también se habrían cruzado datos aportados por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE).
El fiscal Federal de Ushuaia, Juan Arturo Socia, confirmó en declaraciones a la prensa que el operativo se enmarcó en el contenido de la ley nacional 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas, a la vez que admitió las detenciones y los allanamientos en diferentes puntos de la ciudad.
Según detalló Soria, la investigación lleva “dos años de sustanciación, aunque por diferentes motivos todavía no se había logrado un resultado satisfactorio”.
“Cada caso va a ser analizado individualmente para encuadrar la imputación. Es la primera vez que se realiza un operativo de esta magnitud en el marco de la ley que sanciona la trata”, reconoció el fiscal.
Los procedimientos judiciales comenzaron en forma simultánea y se desarrollaron durante toda la mañana y hasta pasado el mediodía del viernes, agregaron también fuentes ligadas al caso.
Las identidades de las mujeres liberadas aún no se dieron a conocer “para preservar su integridad y la de sus familias, si bien se encuentran con custodia permanente”, informaron también voceros de la Gendarmería.
A través del Ministerio de Desarrollo
El Gobierno asiste a las mujeres rescatadas
El Gobierno informó ayer que a través del Ministerio de Desarrollo Social “asiste integralmente” al grupo de mujeres resguardadas tras el operativo por presunta trata de personas que se llevó a cabo la semana pasada en Ushuaia.
“Tal como lo establece el protocolo nacional, estamos asistiendo a este grupo de mujeres desde el momento en que la Justicia y la oficina de rescate lo indicaron, y esto incluye la asistencia psicológica a través de un equipo de profesionales del ministerio que están conteniéndolas y apoyándolas en este momento”, aseguró la ministra de Desarrollo Social, Marisa Montero.
La intervención de la Cartera Social ante este tipo de situaciones, también incluye “la asistencia alimentaria, alojamiento, vestimenta y todo lo que implique en relación a la salud física y emocional de las personas resguardadas”, agregó la ministra.
Asimismo, “estamos en contacto permanente con las autoridades judiciales que llevan a cabo la investigación. Nuestra actuación es integral ya que debemos prestar apoyatura cuando las personas por un acto voluntario, decidan regresar a sus lugares de origen o definan un domicilio en nuestra provincia. Si eligen la primera alternativa –añadió la funcionaria– el protocolo indica que el traslado de estas personas está a cargo del Gobierno de la Provincia, por lo tanto este Ministerio tiene todos los mecanismos dispuestos para que así suceda”.
La ministra manifestó que “es importante que todos sepamos de qué hablamos cuando se menciona la trata de personas. La ley, sancionada en 2008, define que existe trata de personas cuando se dio la captación, el transporte y el traslado– ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior– la acogida o la recepción de personas con fines de explotación. Generalmente, esa explotación tiene como fin el comercio sexual y se captan personas con altos grados de vulnerabilidad social, quitándoles los derechos más elementales: la libertad y la identidad”. |
